Grupos comunitarios y de ecologistas macharon hoy al Congreso dominicano para exigir a los legisladores que declaren como reserva natural una zona donde la minera multinacional Glencore Xstrata tiene previsto extraer minerales.

“Ya basta de relajo, llevamos más de cuatro años protestando de forma pacífica para que se apruebe esa ley”, dijo Scarlette Gutiérrez, quien fungió como vocera de los manifestantes, entre quienes se encontraban estudiantes y algunos sacerdotes.

Los manifestantes exigen que el Congreso apruebe en las próximas dos semanas el proyecto de ley que declara como parque nacional a la zona de Loma Miranda, 100 kilómetros al norte de la capital, a fin de preservar su delicada biodiversidad y la generación de agua.

La minera Falcondo, filial en el país de Glencore Xstrata, adquirió en 2008 unas 1.380 hectáreas dentro de Loma Miranda, que comprende 42 kilómetros cuadrados en la provincia La Vega, con la meta de comenzar en 2016 a extraer ferroníquel durante 25 años.

De acuerdo con los manifestantes, la extracción minera atentaría contra la vida, ya que podría afectar los manantiales que nutren algunos de los ríos que irrigan la principal zona arrocera del país.

Un estudio de la Academia de Ciencias, uno de los grupos que se oponen al proyecto minero, aseguró en 2012 que la extracción de minerales afectaría unos 22 ríos y al suministro de agua de más de 7.600 hectáreas de la zona arrocera.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también consideró en 2013 que el estudio de impacto ambiental presentado por Falcondo era superfluo y no había evaluado la contaminación que produciría la mina en unos 40 manantiales.

La compañía explicó en su momento que los supuestos manantiales no son más que “pequeñas venas de agua que alimentan al río Jagüey” y su caudal depende de la época del año.

Juan José Fañas, director de operaciones de la empresa, advirtió a finales de junio que la eventual prohibición para explotar Loma Miranda afectará el clima de negocios.

“No creemos que ningún inversionista se va a motivar en invertir en un país donde no haya seguridad jurídica y donde no se respete el derecho a la propiedad privada”, insistió.