El Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, denunció ayer que en las entidades públicas existen “caciques” que impiden que se aplique la Ley 41-08 de la Función Pública, que transparenta el sistema de contrataciones y asignaciones de sueldos.

Pidió el “apoyo y respaldo político” del Presidente Leonel Fernández para que intervenga ante los funcionarios que, según dijo,  se resisten a  aplicar auto diagnóstico a las entidades que dirigen, a pesar de que fue establecido por decreto presidencial.

Al presentar la novena edición del Manual de Organización del Estado, Camejo pidió a Fernández que “imponga su voluntad y su decisión para que nadie pueda negarse a cumplir con las normas y las leyes del Estado”.  Enfatizó  que de nada  valdrían los esfuerzos, diagnósticos y legislaciones “si aparecen caciques que se oponen a transparentar la administración pública y a aplicar estas normas que fueron autorizadas por el Presidente”.

Sostuvo que el fenómeno de la corrupción es el que amerita mayor atención de las autoridades y consideró que las iniciativas que se avanzan desde el ministerio de Administración Pública están dirigidas a frenar y a controlar esas prácticas.

Citó entre otras iniciativas, la transparencia de la nómina pública, gestión basada en criterios universales de excelencia, evaluación de desempeño y sanciones.

Las claves

1.  Orden estatal.

El funcionario insistió en que el Manual de Organización del Estado, presentado ayer por el ministerio de Administración Pública, se constituye en una especie de diagnóstico del Estado en que dijo se evidencia falta de racionalidad, jerarquía, economía y orden, por lo que insistió en que se necesita organizar debidamente la administración pública para definir competencias, evitar duplicidades y órganos innecesarios.

2.  Sobre los ministerios

Para Ventura Camejo el cambio de secretarías por ministerios debe significar más que un simple cambio de nomenclatura de las instituciones del Estado. A su juicio, el cambio debe servir para renovar la organización de esas entidades,  agilizar los servicios ciudadanos y no para crear nuevos puestos y sólo aquellos que que sean absolutamente necesarios e imprescindibles para el buen funcionamiento de las instituciones.