Cualquiera que leyó con cierto detenimiento las encuestas publicadas por medios independientes, durante los varios meses de la campaña presidencial, observó que una constante de dichas encuestas era, precisamente, la baja popularidad del gobierno de Fernández.

El rechazo llegó a tal límite, que era casi imposible creer que un candidato del oficialismo pudiese ganar las elecciones. Al extremo, que solamente por los errores y “autogoles” del principal candidato de oposición, se pudo entender que el candidato oficial resultase electo.

Ciertamente, ese triunfo se debió en gran parte a la inversión de recursos del Estado que los propios funcionarios del gobierno desviaron, de manera descomunal, a favor del candidato oficial. Pero no solamente por eso. Porque, de un lado, el candidato oficial, personalmente, siempre lució una persona ecuánime, entendida y portadora de otras buenas cualidades. Y del otro, la oposición misma dio muchas señales de desorganización  y conflictos internos. No es cierto que el Presidente Medina ganó solamente por virtud de la inversión propagandística y proselística. Tampoco es cierto que la inversión de recursos provenientes del Estado y del oficialismo se realizara por hacerle el favor al candidato Medina. La verdad más bien sería, que la cúpula leonelista no pudo eludir a Medina y que, por otra parte, su inversión en éste fue para comprar impunidad, lo cual hubieran hecho con cualquier potencial ganador de los comicios. Pero siendo la inversión del oficialismo con recursos públicos, la deuda de Medina es con los que pagaron esos impuestos, y no procede chantajear ahora al presidente de todos, demandándole falsa lealtad o “compañerismo”.

Medina debe cumplir sus promesas, y procurar los bienes malversados y enajenados al fisco donde quiera que estén; buscarlos en bolsillos, patrimonios y cuentas bancarias de los desfalcadores del erario; y embargar los bienes y cuentas que sea necesario, especialmente los que constituyen casos flagrantes de violación de la ley de pensiones y su espíritu, o como lo es el de los apartamentos entregados por el pasado gobierno a personas no incluidas ni en la Ley 5892 de 1962, ya que la misma solo beneficia a personas de bajos recursos, y en ningún caso autoriza apartamentos de lujo. Dándose, para colmo, el penoso y vergonzoso caso  de personas que aún teniendo títulos y, acaso, méritos especiales  y trayectorias  honorables, jamás debieron prestarse a ser la coartada de malversaciones. Procede que el Presidente los embargue, de una vez y para siempre, para que no se vuelva a incurrir en abusos tan descarados a la ley y la voluntad ciudadana. Asimismo, el Presidente, mediante la Procuraduría General de la República, deberá hacer auditar los concursos y las contrataciones de grandes obras del pasado período, en los que es fácil verificar la sobrevaluación, y los destinos de los dineros erogados. Ahí, Presidente Medina, está buena parte del dinero para el despegue de su gobierno, sobre todo para que la palanca moral motorice el carro de su éxito como administrador responsable en este peligroso trance. Sea cauteloso, pero firme.