Ahora que las autoridades anunciaron abordar la revisión del modelo económico, procede revisar la incidencia de las clasificaciones de crédito cuyo predominio ha llegado al colmo de consignarse en facturas de instituciones estatales de servicio público exhortando su pago para “evitar suspensión y pasar a datacrédito”.

Esta exhortación, implantada destacadamente en la factura, contribuye o contribuirá a neutralizar la política crediticia trazada por las autoridades para impulsar el crédito hacia el modelo más conveniente para nuestra economía: de satisfacción de necesidades vía aumento de la producción y generación de puestos de trabajo con la consecuente disminución de la delincuencia que tanto nos azota.

Sobran ejemplos: Tarjetas de crédito concedidas simpáticamente por vía telefónica son luego fichadas con celeridad cuando tarjetahabientes protestan cargos por consumo no efectuado y carentes de documentación, negándose, obviamente, a pagarlos; y a quienes por éste cargo indebido se niegan a reconocer intereses de financiamiento y moratorios.

Pero también quienes no pagan le energía eléctrica  no servida o con montos no consumidos; o un servicio de agua que no llega o llega contaminada produciendo enfermedades cuya atención agota los bolsillos de carentes de seguros de salud.

Y cuando la arbitrariedad  de telefónicas incluye anuncios no autorizados por el usuario en páginas bicoloreadas carentes de sustentación contractual y al no pagarlos produce suspensión de servicio perjudicial a la normalidad de las comunicaciones, encareciendo actividades y conduciendo a adquisiciones de nuevas unidades móviles que, para conveniencia oficial, aumentan artificialmente el PBI.

Y cuando deudores de apartamentos o vehículos alegremente adquiridos en ferias promocionales no pueden pagarlos, terminando crediticiamente aniquilados.

De seguir estos criterios el número de descalificados crediticios, que implica una especie de muerte económica, irá aumentando progresivamente hasta aproximarse al límite constituido por la totalidad de nuestra población.

Entonces no habría demandantes de crédito para emprender alguna actividad productiva generadora de puestos de trabajo; incrementando los impulsados a procurar ingresos en actividades delictivas tentadoramente inducidas por ilegalidades que dominan nuestra sociedad como drogadicción y narcotráfico.

En la medida que instancias oficiales sigan instando, endosando o tolerando, bajo la vista gorda de sus pares responsabilizados de defender consumidores, este proceder; las políticas crediticias oficiales caerá en letra muerta por falta de clientes previamente condenados a la muerte financiera por burós privados. Y lejos de edificar un modelo económico conducente a producción y empleo, sustitutivo del de crédito y consumo  que tenemos;  se estaría cimentando un modelo dominado por calificadores crediticios, cuyos pares internacionales han sido altamente responsables de la crisis que estamos sufriendo y que se encamina a su tercer año consecutivo.