La violencia de género en nuestro país es un fenómeno cotidiano y muy frecuente. Las mujeres se encuentran en una situación de riesgo permanente a ser agredidas física, verbal y psicológicamente por hombres que son o fueron cónyuges. Dentro de la población femenina hay un grupo que es más vulnerable aún, las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.

En un estudio que realizamos para el SJRM sobre la identidad de la población dominicana de ascendencia haitiana se muestra la exposición continua de este grupo de mujeres a situaciones de violencia.

Mujeres dominicanas de ascendencia haitiana habían sido agredidas por sus cónyuges y padrastros. Estas mujeres tienden a no denunciar las agresiones porque tienen miedo o porque no tienen documentos.

La condición de documentación en estos momentos de muchos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana es muy vulnerable.  Personas que han nacido en el país y se les ha otorgado actas de nacimiento, cédula y hasta pasaportes cuando intentan renovarlos se les niega y quedan en una especie de “limbo”.

Esta situación de “limbo” o de no tener documentos mantiene a las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana en continuo riesgo frente a la violencia y al maltrato.

En el citado estudio se muestran casos de jóvenes dominicanas de ascendencia haitiana que trabajan en casas de familias como empleadas domésticas y son víctimas de violaciones sexuales por sus empleadores o por los hijos de estos. Las jóvenes no se atreven a denunciar al violador porque han visto que las denunciantes sufren agresiones mayores y amenazas de muerte. Estos agresores corrompen con facilidad a las autoridades policiales y judiciales para mantenerse impune frente al delito.

Es así como la resolución 017-2007 emitida por la Junta Central Electoral mantiene a miles de personas que tenían documentos en una situación de “limbo” e inestabilidad y las expone a condiciones de negación de sus derechos como ciudadanas. Igualmente las somete a una alta vulnerabilidad que se agudiza para las mujeres porque las convierte en víctimas continuas de violencia sin derecho a denunciar a sus agresores.

Los organismos de derechos humanos están pidiendo que esta resolución sea revocada con una audiencia temática que se va a desarrollar con la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Esta demanda se ha distorsionado en los medios de comunicación planteándose como una demanda al país para darle documentos a los haitianos.

Un país democrático no puede mantener situaciones de desigualdad y de negación de derechos a personas que han nacido aquí, han tenido un estatus como ciudadano y lo pierden quedando expuestas a situaciones de riesgo y violencia, como ocurre con las mujeres.