La costumbre desensibiliza.  Incluso los hechos más crudos y desagradables dejan de tener el mismo efecto repugnante cuando nos acostumbramos a ellos.  Esto no sólo ocurre en los individuos, sino también en las sociedades.  Es una de las causas que explican el hecho de que los “intercambios” de disparos no son escándalo en el país.

La Policía Nacional aplica desde hace muchos años una política de violencia selectiva, bajo la cual han caído miles de ciudadanos dominicanos.  Muchos años el índice de asesinatos de este tipo supera la víctima diaria.  Y eso son sólo los casos reportados.  Me atrevo a afirmar que es una política sostenida por el hecho cierto y comprobado de que es una práctica sostenida y que no es castigada ni desincentivada por la dirección de la Policía.  Muy por el contrario, la mayor parte de las veces se justifica afirmando que son “intercambios” de disparos.

No son necesarias más pruebas que estas para determinar que se trata de una política aplicada y aceptada por la Policía Nacional.  Ahora bien, la Policía Nacional no opera en un vacío.  Forma parte del conglomerado de instituciones que conforman al Estado dominicano.  Por lo tanto, puede decirse que es de Estado toda política que lleve a cabo sin que los demás órganos públicos se opongan.

Y aquí nos encontramos con el elemento más preocupante de toda la situación.  Por lo general, cuando la ciudadanía protesta por un “intercambio” en particular la Policía Nacional dice investigar el caso por cuenta propia y sólo en algunas ocasiones se da de baja al involucrado y se le somete a la justicia.  Que todo este proceso lo maneje la misma institución que lleva a cabo esta política de violencia contra la ciudadanía  pone en evidencia la peligrosa pasividad de la institución encargada de dirigir la investigación penal: el Ministerio Público.

De la misma manera en que la prevalencia de los “intercambios” de disparos revela una política de la Policía Nacional, la pasividad que durante décadas ha mostrado el Ministerio Público ante estos hechos apunta a que existe un apoyo tácito a la misma.  En muy pocos casos el Ministerio Público toma las medidas necesarias para impedir que estos actos queden impunes y, de hecho, la mayor parte de las veces acepta como buenas y válidas las explicaciones de una Policía que se ha erigido en juez y parte.

No existe un esfuerzo sostenido por parte del Ministerio Público para perseguir la violencia policial.  Reina la impunidad y, mientras tanto, los ciudadanos están atrapados en una espiral de violencia que pocos hacen nada por detener.  Esta impunidad es una de las razones por las cuales muchos policías entienden que su función es excusa para abusar de la ciudadanía.

Es hora de que el Ministerio Público rompa  el círculo vicioso de violenta en el que la Policía Nacional se ha sumido.  No es aceptable en una democracia constitucional que el cuerpo del orden se dedique a agredir ciudadanos.  Pero es igualmente inaceptable que los demás órganos públicos potencien este comportamiento con su pasividad.