Juan Radhamés de la Rosa, director de Casa Abierta, lanza el detonante para una ardiente  polémica: “En el país, en los barrios, en las comunidades, todo el mundo sabe  donde venden las drogas, todo el mundo sabe donde están los puntos de venta y todo el mundo ve a los mandos medios, a los cabos, a los sargentos, a los tenientes, a los capitanes, a los coroneles, dirigirse a esos puntos a buscar el peaje”.

La denuncia toca una herida sangrante, un aspecto espinoso de la lucha contra el tráfico y consumo de drogas.  Pero el director de Casa Abierta, institución que cumple 39 años,  aporta ingredientes críticos, inquietantes, y cuestiona  obsoletas estrategias utilizadas en la lucha del Estado dominicano frente a este flagelo que ha permeado casi todos los estamentos de la sociedad dominicana.  Incluye, además, duras críticas a la ley 50-58 sobre drogas y sustancias controladas en nuestro país.

“Para los políticos dominicanos,  el tema de las drogas es meramente represión.  La estrategia de la reducción de la demanda es simbólica, mediática; son básicamente actividades puntuales en una esquina, discursos, declaraciones públicas. Pero no hay estrategias de reducción de la demanda que implique entender el fenómeno de las drogas en las dos grandes dimensiones que tiene: La reducción de la oferta y la reducción de la demanda”.

De la Rosa critica, por ejemplo, que el país tiene cinco décadas de atraso en la aplicación de “estrategias muy atrasadas” en el combate del tráfico de drogas “y eso no nos permite avanzar en su lucha”.

“La ley 50-88 ha sido modificada en varias ocasiones para fortalecer la represión, pero jamás para mejorar la prevención. Incluso, el Consejo Nacional de Drogas, que es el organismo rector, es prácticamente inoperante, insignificante en la lucha contra las drogas”.

Entiende que esta tarea implica labores de prevención en todo el país, entrenamiento, investigación sobre el fenómeno, formación de técnicos y de profesionales en grado de maestría, de licenciatura.

Reconoce que el problema de las drogas es muy complejo y requiere que los estados lo traten de manera compleja, como lo hacen, por ejemplo, en Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y España, que lo ven de manera diferente.

“Aquí es una gran farsa que se ha montado en torno a la lucha en torno a eso. El Estado debe enfrentar este problema con las dimensiones que tiene”.

 Eso implica, según De la Rosa, volcar recursos en programas de prevención en las escuelas, en las comunidades, aplicar programas preventivos de tratamiento capaces de frenar el consumo,  rescatar a jóvenes consumidores y reinsertarlos en la sociedad para que estudien y aprendan un oficio.

Los “peces gordos” no caen Compara la lucha contra las drogas con un iceberg, que sólo muestra la punta. El resto queda oculto. “Fíjate que desde que se creó la Ley de 50-58  nunca se ha detenido a un patrocinador, es decir, al dueño de la droga. Nunca aparece. Las investigaciones siempre se detienen a un nivel”.

Entonces, a quienes atrapan en el proceso de investigación? Su respuesta es directa: “A los operadores de ese sistema, a los que trasladan la droga de un sitio a otro, a los que dan la cara frente al negocio”.

Refiere que la droga es un negocio poderoso que involucra a gente de mucho poder político y económico  y probablemente si se investiga un escándalo,“nunca vamos a saber quiénes son los patrocinadores, por la vinculación mafiosa que hay detrás, por la corrupción existente en el negocio, por la impunidad y el poder que se genera.  No hay forma de  que las drogas se sitúen en un nivel, como en el de nuestro país, sin que en ese negocio haya vinculación de sectores poderosos”.

Lo que se percibe, básicamente, es el movimiento operativo, pero lo que es “la alta gerencia del negocio”, no la vemos. “Obviamente, todo esto está vinculado a personalidades del mundo político, al mundo militar y policial, porque son los operadores del sistema. Pero, reitero, nunca vamos a ver detenido a un patrocinador”.

Pero,  nuevamente surge la interrogante: ¿Dónde se ocultan los grandes narcotraficantes, los patrocinadores? La respuesta inmediata:  “Es que en el negocio de las drogas en  nuestro país, que es uno de los más corruptos del mundo,  cuando detienen a una persona de alto nivel, hacen una llamada telefónica a un influyente personaje, y se acabó el problema”.

“Pero si detienen a un muchacho en un barrio, le meten en los bolsillos una pequeña dosis y se lo llevan preso. Tenemos muchísimos casos de jóvenes a quienes le han puesto drogas y van a la cárcel por eso”.

Una queja socorrida de Radhamés de la Rosa es que  no se entregan los recursos a las instituciones que luchan contra el flagelo de las drogas “y hay denuncias de que se aprovechan de los bienes incautados, gente que encuentran sus yipetas en manos de otros y su casa o su finca ocupada por personas extrañas”.

¿Quién dijo miedo?

“Tenemos una situación difícil en las comunidades. La gente le tiene más miedo a la Policía Nacional, a la DNCD, que a las personas que trafican en el barrio. Esta gente que trafica en los barrios ayudan a algunas familias con la comida, con las recetas médicas. La DNCD va a reprimir, hacen redadas, detienen a todo el mundo y no tienen miramientos.

Entonces, la gente le tiene más miedo a las autoridades que supuestamente tienen el deber de protegerlos,  que a quienes  son quienes podrían hacerle daño. Eso es algo absurdo, pero está ocurriendo.

Hay que mejorar la situación, hay que tener organismos de control mucho más eficaces, hay que erradicar la corrupción. Debemos buscar la manera de que no tengamos a policías y militares traficando con drogas. Hay que resolver eso, pero ya. Como también debemos erradicar el tráfico de drogas en las cárceles del país.
Nosotros denunciamos, denunciamos, igual que los medios de comunicación. Pero no nos hacen caso, no le prestan atención a lo que dicen”.