La reflexión sobre embarazos de niñas la inicié en dos artículos anteriores en los que planteamos un breve análisis sobre la situación de embarazos de niñas que deben ser vistos como consecuencia de abusos y violaciones sexuales. En estos artículos se identificó la responsabilidad del hombre que abusa y embaraza una niña, la responsabilidad familiar y esta última entrega la responsabilidad del Estado.

 El Estado Dominicano tiene la responsabilidad de protección de la niñez y la adolescencia como se contempla en la Ley 136-03. Esta ley establece sanciones hacia el uso de la violencia y el abuso en sus distintas manifestaciones hacia niños, niñas y adolescentes. Estas fueron ratificadas en la Constitución de la República adoptada en 2010, (numeral 1 del Art. 56 )  “Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad.

 Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos”. Del mismo modo, el fortalecimiento del sistema de protección de la violencia contra NNA está incorporado entre los objetivos de la  Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Son muchos los casos de abusos y violaciones contra niños, niñas y adolescentes cometidos por Senadores, Diputados, Síndicos, Sacerdotes, Pastores evangélicos, Nuncios Apostólicos que no se investigan ni se realiza el debido proceso judicial.  Estas prácticas de impunidad recaen en los organismos del Estado responsables como: el Ministerio Público, El Poder Judicial y el Sistema de Protección de la niñez.

Otras áreas del Estado responsables son los Sistemas Educativo y de Salud.

Al Sistema Educativo le corresponde la prevención del abuso y violación hacia niños, niñas y adolescentes. Se debe educar a la niñez y  adolescencia en la conciencia de sus derechos y empoderamiento frente a situaciones de abusos con denuncias a sus perpetradores. La ruptura del círculo del silencio frente a las violaciones y abusos sexuales inicia con la educación. Así como la ruptura con la impunidad frente a violadores y abusadores que se encuentran en posiciones de poder político, religioso o económico.

A los centros de salud llegan los casos y se le debe dar entrada desde el sistema de protección de la niñez en coordinación con el Ministerio Público y el CONANI. Además del acompañamiento y seguimiento a esta población desde su salud física, mental y emocional.

Las niñas embarazadas son producto de un Estado que no asume su rol de protección de la niñez y la adolescencia  ni de garante de sus derechos.