Hoy 
POR LEONORA RAMIREZ
Un chico ácido quiere saber a cuál de las instituciones públicas es que el gobierno le entrega el porcentaje de recursos que establecen las leyes orgánicas de las mismas, pues el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es una más de las que queda coja.
El chico malo está enterado de que esta institución sólo recibe el 0.2% del presupuesto anual de gastos públicos, pese a que la Ley 136-03 indica que se le debe entregar el 2% del mismo.
El dato lo ofreció en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Kirsys Fernández, presidenta ejecutiva de CONANI, quien sin embargo no se quejó de los RD$436 millones que le asignan al año.
¡Diablos!, ni siquiera la hermanita del presidente se salva, comentó una chica ácida.
Fernández, que asistió al encuentro en compañía de Tilza Ares, Alberto Padilla, Olga Tejada y Heidi Vilches, de lo único que se negó a conversar fue de política.
Radhamés Gómez Pepín, director de El Nacional, la quiso llevar hacia terrenos movedizos cuando quiso buscar un paralelismo entre «los niños internos en algunos centros de acogida que ya comen solos», y el estandarte que se les acuñó a los peledeístas en el período 1996-2000.
-No, de política no, don Radhamés, le pidió la funcionaria al director .y la petición fue complacida por él y los demás chicos ácidos.
¿Y Amable, qué sabe de eso?
La Ley 136-03 también establece que los cabildos deben invertir el 5% de su presupuesto en políticas que beneficien a los niños, pero si el gobierno central no cumple menos los gobiernos municipales.
Sin embargo, algunos alcaldes gastan más que eso en proyectos para la niñez, según Padilla.
Un inquieto colega quiere saber si Amable Aristy Castro, el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), el organismo que rige los cabildos, tiene conocimiento de esa disposición nomás porque hace varios años él adquirió un helicóptero para su uso personal valorado en unos milloncitos largos.
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Fernández dejó claro que las adolescentes embarazadas no se pueden expulsar de las escuelas, porque tal disposición es violatoria de sus derechos.
Ares, quien domina la parte jurídica, añadió algo más importante: los directores pueden recibir sanciones de seis meses a un año de prisión por semejante discriminación.
Al referirse al tema de los derechos, Fernández explicó que los menores tienen derecho a opinar y a ser escuchados .
-¡Ajá! También, comentó un chico ácido de la vieja guardia.
«Es que ya esos tiempos en que los niños no hablaban se acabaron», dijo Fernández, quien inmediatamente fue secundada por Ares con este comentario: «el niño es un sujeto pleno de derechos, ya esa visión paternalista que había con los niños de que los padres hacían lo que querían con ellos pasó a la historia».
PARECE QUE SABE DE PERIODISMO
Fernández parece que tiene nociones del manejo de las fuentes periodísticas, porque cuando Wendy Arias, reportera de El Día, le insistió sobre la crisis suscitada entre el personal de los Centros de Atención Integral y el CONANI, le sugirió que debía buscar reacciones en la parte contraria.
-Sí, yo hablé con usted después de conversar con esas empleadas, pero ellas insisten en que se les han vulnerado sus derechos
Pero no es así, a juicio de Fernández, quien le dio el turno a Vilchez, gerente de Gestión Humana, para que explicara los esfuerzos que se hacen para regularizar la situación de esas servidoras de las antiguas guarderías, que ahora están adscritas al CONANI.
