Nunca como ahora ha sido tan pertinente la frase pronunciada por Balaguer en ocasión de dejar abierta la campaña durante las elecciones congresionales y municipales de 1968 en el Parque Las Piedras de San Cristóbal; ahora que  organismos competentes de la nación han consagrado la reunificación reformista y cuando la división se asoma en otros partidos mayoritarios de los que han sustentado nuestra democracia de 1966 hasta la fecha.

Pero la idea de democracia que sostenía el prohijador del reformismo dominicano no era de “retórica y palabrería” sino traductora de satisfacción de necesidades – “alimento, vivienda, salubridad, vestido” – para lo cual consideraba, como “primera obra de promoción humana…la eliminación del desempleo…falla de la economía… que más afecta a nuestras clases más necesitadas”.

Es decir, una democracia eficaz social y económicamente. Y eficiente en términos de alcanzar esa eficacia a menor costo,  maximizando rendimientos de nuestros escasos recursos endógenos disponibles.

 Eficacia y eficiencia que identificaron políticas características del reformismo dominicano: austeridad, disciplina financiera, comedimiento en la recurrencia al endeudamiento y tratamiento dominicanista de inversiones foráneas.

Estas y otras políticas -preservación ambiental,  aferramiento a la dominicanidad en nuestras relaciones fronterizas y extraterritoriales, etc -resultan imprescindibles en el contexto de las dificultades presentes que atraviesa la sociedad dominicana.

El enorme gasto público originado por hipertrofia del tren administrativo, por  clientelismo gubernamental financiado por perpetuadores nacionales e internacionales de la pobreza, por los costos de éstos financiamientos y por la corrupción; no permite disponer de excedentes para efectuar inversiones generadoras directas de puestos de trabajo, sea para satisfacer directamente necesidades sociales o apoyar sectores productivos con resultados similares frente al desempleo y para reducir nuestros déficits externos.

Como consecuencia de todo lo anterior se observan  degradaciones y descomposiciones de las conductas y comportamientos de personas e instituciones, públicas y privadas, que atentan nuestra  convivencia civilizada y nuestra supervivencia e integridad como nación.

Lo que más requiere ahora la nación y su democracia eficaz y efectiva es pues la implementación de esas políticas reformistas en el manejo de la cosa pública.

Propiciarlas requiere un PRSC fuerte: abierto, cohesionado, interactuante con fuerzas activas de la nación; lo cual le reportaría  credenciales suficientes y competentes superiores a la de los demás partidos teniendo en cuenta sus experiencias y precedentes.

Sobre todo en términos de capacidad ejecutora y realizadora ante un gobierno preñado de buenas intenciones y voluntades; sea cooperando institucionalmente si se le es requerido o mediante un ejercicio opositor inspirado en aquella admonición del repúblico español Manuel Azaña relativa al requisito de “una buena oposición para que haya buen gobierno”.