Unas cuatrocientas mil personas forman parte del tren gubernamental, incluyendo ayuntamientos y entidades descentralizadas. De esa maza, el 50% cuenta con la posibilidad de adherirse a la carrera administrativa. Sin embargo, hasta la fecha han logrado este paso un total de 34 mil empleados.

Pero todos y todas pueden dormir tranquilos pues no está en peligro sus puestos de trabajo, a pesar de la crisis mundial que sí se refleja en este país y que es una crisis de empleo, según han explicado los expertos en la materia.

Con toda la autoridad que le confiere su cargo como secretario de Estado de Administración Pública y todo el conocimiento adquirido en la materia mediante la observación de experiencias en otros países de la región, el licenciado Ramón Ventura Camejo asegura que  la administración pública de RD no sufre de hipertrofia. Más bien el problema a superar es el de capacidad de gestión.

Desde la recién creada Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP), antigua Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), se dan todos los pasos para impulsar un programa de apoyo a la reforma y modernización del Estado.

Hace justamente un año que fue aprobada la Ley No. 41-08 de Función Pública, cuyo objetivo es corregir lagunas, incoherencias y deficiencias de la Ley de Servicio civil y Carrera Administrativa para afianzar el sistema de mérito, la estabilidad y la profesionalización de los servidores públicos, considerada como “una vía efectiva para alcanzar el desarrollo del Estado Dominicano y cristalizar las aspiraciones legítimas de la sociedad”.

En carpeta se viene preparando la Ley Orgánica de Administración Pública. Luego que sea aprobada esta ley, según explica  Ventura Camejo, quedará bajo estricto control el sistema de nombramiento de altos funcionarios.

“Hasta ahora el país carece de una ley orgánica de administración publica. Cuando la estemos discutiendo  ahí será el momento de abordar temas como cuántos subsecretarios  corresponden en una ecretaria de estado. Esta ley orgánica va a redefinir, va a reducir duplicidades, va a darle más racionalidad a estos órganos”.

Modernización

Luego de catorce años de haberse promulgado la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y luego de varios años de intentos pro aplicar sus disposiciones, “se hizo necesaria la modificación de la misma en vista de nuestro objetivo de convertir la Administración Pública en un efectivo instrumento al servicio del desarrollo nacional”.

Según explica Ventura Camejo entre los aspectos superados se destaca el carácter excluyente de la Ley, la debilidad institucional del órgano rector del sistema, el insuficiente vínculo de éste con las oficinas institucionales de personal, régimen laboral incoherente, ausencia de mecanismos de control y responsabilidades que garanticen la efectiva aplicación de su contenido.

Asimismo, omisión de los principios rectores que sustentan la profesionalización de la función pública.

“Los pasos para llegar a un puesto de carrera entrañan toda una serie de actividades que tienden a hacer más racional la estructura  de la institución”.

Son pasos previos fundamentales, explica. Los cargos son descritos, se establecen las responsabilidades, complejidades y requisitos, y en función de esa descripción se establece el perfil. La promoción en base al mérito.  Establecer un sistema meritocrático.

Todo eso implica la capacitación del servidor público y la valoración de los cargos y la política salarial. “Es decir, regularizar la administración pública, institucionalizarla.

“Significa un salto cualitativo. Es importante desarrollar la capacidad de trabajo de la administración pública para darle respuesta a los grandes retos y desafíos que vive RD sobre todo ahora que el horizonte internacional no pinta bien”.

Señala que los países que han logrado desarrollarse y resolver problemas,   han sido países que cuentan con una burocracia eficiente. 

“No hay un país que acuse indicadores económicos de bienestar, desarrollo y baja corrupción que no tenga dentro una administración pública modernizada y profesionalizada. “Como muestra tenemos el modelo de Chile, Brasil y Uruguay”.

Moernizar la gestión pública es el camin a recorrer, asegura el funcionario. Aunque, reflexiona, “nos desenvolvemos en un contexto que no nos es tan favorable por la tradición cultural. Pero indudablemente que es un camino inevitable para hacer más eficaz el Estado dominicano”.

Mientras tanto, está empoderando de su rol: “Nuestra misión es que el servidor público sienta que si trabaja, si cumple, si tiene valores éticos, tiene quien lo pueda defender de las arbitrariedades caprichosas de cualquier funcionario”. 

El protagonista

Ramón Ventura Camejo

Secretario de Estado de Administración Pública

En su hoja de vida, Ventura Camejo además cuenta con el cargo de  presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Licenciado en Ciencias Políticas, es profesor de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde desde hace años se ha mantenido impartiendo docencia paralelamente a  la función pública.

Premiando las buenas prácticas

Con el interés de incentivar a su personal, el gobierno dominicano lleva cuatro años premiando la calidad y reconociendo las prácticas promisorias.

El objetivo es lograr una gestión pública más efectiva y transparente, siguiendo una corriente mundial de orientación hacia la calidad como factor fundamental para el éxito de las organizaciones.

Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP), este premio se ejecuta con el fin de que la aplicación de este modelo se convierta en un mejora significativa de los servicios recibidos por los ciudadanos que también son clientes. En la primera versión del premio efectuada en el año 2005, pudieron participar todos los organismos del sector público centralizado. Para estos fines se asumió como un organismo a toda unidad que contara con una dirección con capacidad de realizar una gestión de forma independiente  del órgano al cual responde jerárquicamente. Desde el 2006 se permitió a organismos descentralizados y en el 2008 pudieron concursar los ayuntamientos. En esta última entrega, celebrada recientemente, por primera no quedó desierto el Gran Premio, el cual fue otorgado a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).