El “pacto con el progreso” dado a conocer por los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bendecido por el presidente Leonel Fernández, no es más que un ejercicio de ironía, una burla que transpira irrespeto y desconsideración a la memoria e inteligencia de un pueblo plagado de necesidades y humillado por las dádivas. Para muestra un botón. El PLD se compromete a impulsar proyectos que emanen del Poder Ejecutivo o cualquier otra instancia constitucional para promover la creación de nuevos empleos en el sector privado a través de incentivos fiscales a las empresas. Con la mayoría con que actualmente cuenta en ambas cámaras, nada impide a los legisladores peledeístas impulsar ese proyecto.

Pero no es todo. También se compromete a impulsar la legislación que sea necesaria para fortalecer las instituciones públicas responsables de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, incluyendo la asignación de más recursos para esos fines. La pregunta es qué se lo impide en la actualidad, sobre todo cuando la inseguridad ha desbordado los límites imaginados.

Durante este ejercicio se han denunciado flagrantes violaciones constitucionales y legales que el actual Congreso ha apadrinado. El mejor ejemplo son las 24 leyes que dijo el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, se violaron en la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de este 2010. Aún así, los legisladores de un partido que hoy venden una preocupación institucional se prestaron al juego. Pero además esos congresistas se han negado a aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, una legislación que, además de regular el quehacer político controla el uso y abuso de los recursos públicos que tanto se ha denunciado en el actual proceso, sino que también pone un valladar a la incidencia del narcotráfico. Se trata de una legislación que, por demás, cuenta con el respaldo no solo de la oposición y la sociedad civil, sino de la Junta Central Electoral.

Para más risa en el “pacto con el progreso” los candidatos congresuales peledeístas se comprometen a apoyar el “Plan Decenal de Educación” y reafirman su respaldo a la modernización del sistema educativo. Pero resulta y viene a ser que quienes así hablan son los mismos que han rehusado, como si se tratara de un atentado al desarrollo, aumentar en un 4 por ciento del PIB el presupuesto para un sector educativo que no puede ser más deprimente.