Desde principios de los 90, en nuestro país, numerosas empresas e instituciones públicas y privadas adoptaron la práctica de naciones mucho más desarrolladas, de subrogar o contratar servicios por los cuales tenían nóminas abultadas que lesionaban sus respectivas economías. Así encontramos que los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, seguridad y otros, se convirtieron en actividades rentables para nuevos empresarios que los venden en “paquetes” mediante contratos de variada duración.

Edesur, Edenorte y Edeeste, las tres grandes distribuidoras de electricidad que los dominicanos tradicionalmente llamamos “la corporación”, se alinearon en esa nueva modalidad con la contratación de supuestas o reales compañías de ingenieros, técnicos de mantenimiento de redes, inspectores, lectores de contadores, normalizadoras de servicios, detectores de fraudes e instaladores a los cuales han dado la responsabilidad de la mayoría de las operaciones o actividades que realizaban.

La práctica parece haber demostrado que muchos de los llamados “contratistas” de las Edes podrían ser calificados como testaferros de funcionarios y empleados de ellas mismas o, peor aún, que actúan como sanguijuelas que succionan la sangre a las Edes y a los usuarios simultáneamente, porque, como ocurre con muchas cosas de las que nos avergüenzan frente al mundo, la contagiosa corrupción hace que los mismos contratistas ofrezcan servicios fraudulentos o irregulares que luego ellos mismos denuncian directa o indirectamente en una labor de doble traición que los hace aparecer como buenos para los usuarios y para las Edes mientras los engañan a los dos. Son, por ejemplo, los casos de medidores mal colocados y defectuosos, rotura de sellos de seguridad, cables y conexiones peligrosamente instalados, con salidas o entradas de energía incorrectas.