Al momento de escribir esta columna técnicos de la Procuraduría General de la República estubiaban la resolución del juez José Alejandro Vargas que declaró inadmisible el acuerdo al que llegó con Odebrecht, por lo que la opinión pública tendrá que esperar unos días para saber cuál será el próximo paso del Ministerio Público, sobre todo si insistirá en continuar por ese camino y apelará la decisión, como le ha recomendado su asesor, el doctor Eduardo Jorge Prats. Pero también puede, como le sugieren el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y algunos editorialistas, proceder penalmente contra la constructora brasileña para que sean la justicia y las leyes las que decidan la sanción que le corresponde recibir por sus graves delitos, como han hecho ya otros países del continente (ayer un tribunal de Ecuador aceptó la solicitud de la fiscalía para que bloquee los pagos que tiene pendientes de recibir) donde aplicó el mismo esquema corrupto para garantizarse la contratación de grandes obras de infraestructura. Esa opción, por lo que parece, será la última a la que recurra la Procuraduría, empecinado como está el gobierno, y dicen que particularmente el presidente Danilo Medina, en que Odebrecht sea la que concluya las plantas a carbón de Punta Catalina, que al decir de otras voces, que por supuesto no son oficialistas ni pertenecen al ruidoso bocinerío que le hace coro como Antonio Almonte, podría terminar sin ningún problema la compañía Tecnimont, socia de la brasileña y quien lleva realmente el liderazgo técnico de su construcción. Ese empecinamiento, que alguno llamará obsesión, provoca suspicacias, y hace que muchos nos estemos preguntando hasta dónde llega el compromiso del mandatario con Odebrecht si está dispuesto a arriesgar tanto para mantenerla operando en el país. Como si supiera algo que nosotros no sabemos, o tuviera el “pálpito” de que Punta Catalina puede convertirse en su tumba política.