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Por Rosa Luna
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró ayer que la República Dominicana viola los derechos de los inmigrantes haitianos al repatriarlos a su país.
A continuación diez críticas que hace EE.UU a RD en «Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: República Dominicana»
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- Homicidios ilegítimos o arbitrarios
Varios reportes indican que la Policía Nacional y otras organizaciones del cometieron crímenes contra haitianos en el año 2023. Hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre.
- Tratos o castigos crueles
Según observadores de la sociedad civil, hubo casos de personas LGBTQI+, en particular mujeres transgénero, que fueron acosadas, abusadas y arrestadas arbitrariamente por la policía y otras figuras de autoridad que citaron la indecencia pública, la vagancia u otras leyes aparentemente neutrales para justificar sus acciones.
- Inhumanos o degradantes por parte del gobierno
Existen pruebas de prejuicios racistas y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad y otras oficinas gubernamentales contra personas de tez más oscura, en particular haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana o aquellos percibidos como haitianos, especialmente aquellos que eran percibidos como inmigrantes indocumentados.
- Penitenciarias duras
En los centros penitenciarios donde se vive situaciones precarias y de abuso físico están ubicadas en: Haina y Santiago, así como en los centros de recepción fronterizos más pequeños en Dajabón, Elías Pina, Jimaní y Pedernales
- Potencialmente mortales
Relatan informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno sometieron a personas, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico.
- Arresto o detención arbitrarios
Se registraron informes de arrestos arbitrarios y detenidos que permanecieron en comisarías o centros de detención de migrantes durante largos períodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser liberados, trasladados a una prisión o deportados.
- Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad
Organizaciones internacionales y de la sociedad civil informaron que funcionarios de migración y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros e incautaciones ilegales, incluidas frecuentes redadas nocturnas en las que irrumpieron en residencias privadas sin notificación ni orden judicial.
- Devolución de refugiados
Durante el año, hubo informes de personas potencialmente necesitadas de protección internacional a quienes se les negó la admisión en el punto de entrada y posteriormente fueron deportadas a sus países de origen sin que se les permitiera acceso al proceso de asilo.
- Grave corrupción gubernamental
La Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa, investigó a funcionarios presuntamente corruptos.
En agosto, la Fiscalía General arrestó a 12 personas entre ellos fiscales, agentes de policía y personal de apoyo a la fiscalía como parte de la Operación Gavilán. Las personas arrestadas fueron acusadas de aceptar sobornos a cambio de borrar los antecedentes penales electrónicos de casi 17.000 personas.
- Violencia de género generalizada
La ley no incluía explícitamente la llamada violación correctiva de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+). A pesar de algunos problemas que enfrentó el sistema legal, el gobierno en general hizo cumplir la ley de manera efectiva.
