Por Rosa Luna

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró ayer que la República Dominicana viola los derechos de los inmigrantes haitianos al repatriarlos a su país.

A continuación diez críticas que hace EE.UU a RD en «Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: República Dominicana»

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• Homicidios ilegítimos o arbitrarios

Varios reportes indican que la Policía Nacional y otras organizaciones del cometieron crímenes contra haitianos en el año 2023. Hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre.

• Tratos o castigos crueles

Según observadores de la sociedad civil, hubo casos de personas LGBTQI+, en particular mujeres transgénero, que fueron acosadas, abusadas y arrestadas arbitrariamente por la policía y otras figuras de autoridad que citaron la indecencia pública, la vagancia u otras leyes aparentemente neutrales para justificar sus acciones.

• Inhumanos o degradantes por parte del gobierno

Existen pruebas de prejuicios racistas y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad y otras oficinas gubernamentales contra personas de tez más oscura, en particular haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana o aquellos percibidos como haitianos, especialmente aquellos que eran percibidos como inmigrantes indocumentados.

• Penitenciarias duras

En los centros penitenciarios donde se vive situaciones precarias y de abuso físico están ubicadas en: Haina y Santiago, así como en los centros de recepción fronterizos más pequeños en Dajabón, Elías Pina, Jimaní y Pedernales

• Potencialmente mortales

Relatan informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno sometieron a personas, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico.

• Arresto o detención arbitrarios

Se registraron informes de arrestos arbitrarios y detenidos que permanecieron en comisarías o centros de detención de migrantes durante largos períodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser liberados, trasladados a una prisión o deportados.

• Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil informaron que funcionarios de migración y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros e incautaciones ilegales, incluidas frecuentes redadas nocturnas en las que irrumpieron en residencias privadas sin notificación ni orden judicial.

• Devolución de refugiados

Durante el año, hubo informes de personas potencialmente necesitadas de protección internacional a quienes se les negó la admisión en el punto de entrada y posteriormente fueron deportadas a sus países de origen sin que se les permitiera acceso al proceso de asilo.

• Grave corrupción gubernamental

La Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa, investigó a funcionarios presuntamente corruptos.

En agosto, la Fiscalía General arrestó a 12 personas entre ellos fiscales, agentes de policía y personal de apoyo a la fiscalía como parte de la Operación Gavilán. Las personas arrestadas fueron acusadas de aceptar sobornos a cambio de borrar los antecedentes penales electrónicos de casi 17.000 personas.

• Violencia de género generalizada

La ley no incluía explícitamente la llamada violación correctiva de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+). A pesar de algunos problemas que enfrentó el sistema legal, el gobierno en general hizo cumplir la ley de manera efectiva.