JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Si hay algún sello distintivo que le caiga como anillo al dedo a la República Dominicana, al afirmarse que «éste es un «país muy especial», han sido las disposiciones del secretario de Estado de Interior y Policía, que ordena el cierre de los negocios que expenden bebidas alcohólicas los días de semana a las doce de la medianoche, y los fines de semana a las dos antes meridiano.

 Con ambas decisiones, pretende esa cartera «erradicar o controlar» el estado de inseguridad ciudadana que se respira en todo el territorio nacional, en donde los crímenes, asaltos, violaciones, robos y raterías están a la orden del día, sin que éstas u otras medidas alternativas hayan podido detener o disminuir las agresiones que suceden por doquier.

Nuestro país, una potencia turística en la región del Caribe y destino preferido por muchos ciudadanos de países europeos, en especial españoles, franceses e italianos, no puede ni debe mostrar una imagen de «toque de queda», al obligar a los lugares en donde se expenden bebidas alcohólicas, los días de semana a las 12 de la medianoche, imitando a «La Cenicienta», y a las 2:00 a.m. los fines de semana, que es precisamente cuando salen más personas a las calles. Esto ha traído como consecuencia el problema del «cumplimiento de órdenes», en donde agentes de la Policía Nacional sacan «de mala manera» a ciudadanos (extranjeros y dominicanos) que se encuentran cenando en un restaurante o lugar público, y los obligan a pagar la cuenta y salir del establecimiento, tal y como ha ocurrido en Las Terrenas, Sosúa y Cabarete. Los métodos policíacos han sido tan arbitrarios que he oído expresarse a extranjeros víctimas de ese absurdo, que no retornarán al país. No debemos olvidar  que competimos con Jamaica y Puerto Rico por el turismo norteamericano y canadiense y, sin embargo estas islas, que tienen un índice de criminalidad más alto que el nuestro, no han tomado una acción tan drástica y descabellada como la que aquí se ha adoptado.

Ahora bien, nos preguntamos ¿Es constitucional o legal esta disposición? Creemos firmemente que no. Nuestra Constitución no contempla que nadie pueda ser constreñido, sin cometer un delito, al abandono de un lugar público por motivo de una hora y sin que estemos en un estado de sitio o de guerra. Tampoco hay una ley que indique que las horas nocturnas son más peligrosas que las diurnas. De paso podemos afirmar que la mayoría de los atracos y secuestros y hasta asesinatos se producen a la luz del día, generalmente por individuos que se hacen pasar por agentes del orden público, o por individuos que transitan en motocicletas. Si aceptamos el razonamiento del secretario de Estado de Interior y Policía como bueno y válido, entonces se debería prohibir las actuaciones de la policía y el circular por las calles y avenidas en motocicletas.

Desde que se aprobó la disposición de marras, innumerables comercios que se dedicaban a la venta lícita de alcohol y ofrecían servicio de restaurante, se han ido a la quiebra, sin que los funcionarios del gobierno traten de buscar otra salida más eficiente y sin tener que perjudicar negocios establecidos por muchos años. Los que van a un restaurante o a una discoteca, por el hecho de tomar unas copas, no son los que salen a propiciar atracos o violaciones.

Si se hace un recuento, podemos confirmar que esta «discriminatoria medida» no ha logrado disminuir sustancialmente la criminalidad, como era su intención original. Esta sólo se combate con educación y empleo. La mayoría de las personas que esgrimen un arma lo hacen por ignorancia y prepotencia, al creer que esta acción les otorga una superioridad que les obliga a disparar, si la otra hace ademán de defenderse.

Una labor encomiable para un economista,  ya que nosotros no lo somos,  sería determinar las pérdidas que han sufrido los fabricantes de bebidas y licores mediante un estudio comparativo de antes y después de aplicada la medida. Asimismo, los perjuicios económicos infligidos a los establecimientos comerciales, comodiscotecas, salones de fiesta, restaurantes, bares, paradores y, sobre todo, a los hoteles que no están en las zonas privilegiadas de Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Playa Dorada y otros complejos hoteleros, a los cuales se les ha permitido tener un coto cerrado y en donde el público, una vez dentro del establecimiento, puede permanecer hasta el cierre del mismo. Estamos seguros que las cifras que arrojará dicha muestra harán palidecer al Director General de Impuestos Internos, por los recursos que ha dejado de percibir el fisco.

Es penoso que en nuestro país se tomen medidas de doble moral, con las cuales se pretenden encubrir la incapacidad de las autoridades destinadas a implantar el orden, y el no reconocimiento de que han sido desbordados por la astucia y las estratagemas que utilizan los delincuentes para sobornar o poner en ridículo a los agentes del orden público. Estos se han visto impotentes frente a los sofisticados equipos y recursos que utilizan la gran cantidad de dominicanos que han sido deportados de los Estados Unidos de América. Para enfrentar estos males, la Policía debe profesionalizarse y reclutar personal con capacidad y dedicación, pero para eso deben elevarse los sueldos para que resulte atractiva la profesión de policía o agente de las dependencias de seguridad del Estado.

En un país cuyas autoridades gubernamentales externan a todo pulmón que vivimos en una democracia representativa ejemplar, resulta incongruente que se tomen medidas tan extravagantes y que al decir del pueblo actúan como Chacumbele, que se mató él mismo, al atentar contra el turismo, primer renglón productor de divisas y el comercio, principal empleador nacional. Cabe aquí recordarle al secretario de Estado de Interior y Policía, que revise bien y consulte con su almohada, porque la fiebre no está en las sábanas. En consecuencia, le solicitamos muy encarecidamente que actúe con sensatez y derogue esas impopulares medidas.