POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Más de diez mil empresas e instituciones privadas y cientos de entidades estatales descentralizadas mantienen atrasos por más de 13 mil millones de pesos, incluyendo recargos, con la Tesorería de la Seguridad Social por concepto de las cuotas del régimen contributivo de los planes de pensiones y riesgos laborales, a 4 años de su vigencia.

Entre los deudores estatales se cuentan el Banco Agrícola, la Lotería Nacional, el Instituto Agrario, el Instituto de Aguas Potables y decenas de ayuntamientos, y entre las privadas hay medios de comunicación, universidades, clubes sociales, y hasta la Conferencia del Episcopado Dominicano, además de industrias y comercios.

La introducción al Congreso Nacional de un proyecto de ley para dar facilidades de pago sobre los atrasos acumulados   revela considerables dificultades en el cumplimiento de la ley 87-01 que hace 6 años instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

No sólo el seguro de salud

Mientras persisten las dificultades para implementar el básico régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, cuya entrada en vigencia acumula 11 aplazamientos, saltan a la vista alarmantes retenciones de las cuotas para los planes de pensiones y riesgos laborales de los empleados dependientes de instituciones públicas y privadas.

La situación revela las graves dificultades de la sociedad dominicana para cumplir las leyes, aún de las que como la de seguridad social han sido fruto de muchos años de negociaciones y consensos.   

Esta semana saltaron a luz pública dos proyectos de leyes para poner remiendos al sistema de seguridad social.

Uno de ellos está encaminado a dar facilidades de pago a las entidades que registran atrasos en las cuotas de pensiones y riesgos laborales y el otro para reducir durante un año en 1 por ciento el aporte del 8 por ciento de los salarios   que hacen los empleadores a los planes a este régimen para destinarlos a cubrir el déficit con que nacería el sistema familiar de salud.

Las administradoras de riesgos de salud aducen que la decisión de permitir la asistencia médica sin la puerta de entrada de los centros de atención primaria supone una elevación de los costos que determinaría un déficit en el financiamiento del plan básico de salud.    

La solución que se propone para superar escollos al inicio del régimen contributivo del sistema familiar de salud es a costa de una reducción, equivalente al 12 y medio por ciento, de los fondos llamados a acumularse para las pensiones de los asalariados.

El sistema de salud debe comenzar el 1 de septiembre próximo, tras el último aplazamiento anunciado en mayo pasado, que fue el undécimo desde la entrada en vigencia de la ley de Seguridad Social promulgada en mayo del 2001, pero aún persisten diferencias sobre las tarifas profesionales.

Proyecto de facilidades para los atrasados

El proyecto de ley para dar facilidades de pago a los atrasados en las cuotas de pensiones y riesgos laborales fue elaborado por la Tesorería de la Seguridad Social,  también como forma de auspiciar la entrada en vigencia del seguro de salud, ya que según la ley se emitirá una sola factura por los dos sistemas, lo que implica que los retrasos acumulados en el primero arrastrarían al segundo. En tal caso serían decenas de miles los empleados que no podrían recibir las atenciones de salud.

Lo que el proyecto busca facilitar no es el pago de la cuota básica, sino de los recargos del 5 por ciento mensual sobre los atrasos y los intereses, que representan más de la mitad de la deuda de 13 mil 79 millones de pesos acumulada hasta julio en curso. Los recargos totalizan 6 mil 786 millones 875 mil pesos y los intereses 551 millones 215 mil pesos.

Los restantes 5 mil 741 millones 221 mil pesos corresponden al importe original de las cuotas dejadas de pagar.

El artículo 1 del proyecto de ley establece que los empleadores podrán saldar el total de sus deudas pagando el monto principal derivado de las cuotas que les corresponden para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y del Seguro de Riesgos Laborales, además de una compensación equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual   promedio que hayan pagado las Administradoras de Fondos de Pensiones a las cuentas de capitalización de los asegurados.

Quienes se acojan a la facilidad deberán cubrir los atrasos en un plazo no mayor de la mitad de los meses pendientes de pago, concertando acuerdos con la Tesorería de la Seguridad Social. A quienes incumplan se le reaplicarán los recargos e intereses que les hayan sido eliminados.

Desde luego tendrán que pagar las nuevas facturas a ser duplicadas con la entrada en vigor del seguro de salud. También podrán acogerse a la gracia aquellos empleadores que hayan evadido su registro en la Tesorería, es decir los que nunca han pagado.

El proyecto marca un mal precedente, pero no carece de realismo, estimando que será muy difícil cubrir las cuotas dobles para los empleadores que no hayan querido o podido pagar sólo las de pensiones y riesgos laborales.

La deuda por sectores

De los 13 mil 79 millones de pesos acumulados por cuotas, recargos e intereses, la mayor proporción corresponde al sector privado, con 5 mil 21 millones de pesos, el gobierno central debe 4 mil 419 millones y el sector público descentralizado 3 mil 638 millones de pesos.

Una alta proporción de la deuda del gobierno central corresponde a cuotas de la secretaría de Educación en virtud de un conflicto ya que existe una contradicción legal con la ley de seguridad social al crearse el Instituto de Bienestar de los Maestros, donde han ido a parar 4 mil 212 millones de pesos que reclama la Tesorería de la Seguridad Social.

Restando esa cifra la deuda del gobierno central sería de sólo 212 millones de pesos. Los mayores deudores de este sector son la oficina Supervisora de Obras del Estado con 58 millones de pesos, Aeronáutica Civil 28.2 millones, y la Autoridad Metropolitana del Transporte 18.1 millones de pesos.

Del sector descentralizado los mayores deudores son: el instituto de Aguas Potables y Alcantarillados 519.9 millones de pesos; Instituto Agrario Dominicano 413.8 millones; Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 349.9 millones; Lotería Nacional 190.l millones.

También el Instituto de Estabilización de Precios 175 millones; Instituto de Recursos Hidráulicos 157.8 millones; Programa de Medicamentos Esenciales 133.9 millones; y el Instituto Postal Dominicano 120.2 millones de pesos.

Entre más de 50 ayuntamientos deudores resaltan el del Distrito Nacional con 150.7 millones de pesos, y el de Santo Domingo Este con 96 millones de pesos.

Los deudores privados

Del sector privado hay 1,400 entidades que adeudan entre 36 y 48 meses del seguro de pensiones, para un total de 1, 044.6 millones de pesos. Otras 7,600 deben entre 12 y 35 meses, totalizando 1,725.1 millones de pesos. 90 deben más de 49 facturas para un total de 812.3 millones de pesos.

Llama la atención que el mayor deudor privado es un canal televisivo, Telemicro con 62.5 millones de pesos y 49 cuotas atrasadas.

Otros dos, Telecentro y Canal 27 también adeudan 49 cuotas con sumas de 43.8 y 23.4 millones de pesos, lo que implica que han pagado muy poco, ya que las cotizaciones de pensiones se iniciaron en junio del 2003.

Por montos acumulados los otros mayores deudores son: Gerserv RD, C por A 60.4 millones; La Gran Vía 42 millones; PMG LLC,DR 39.8 millones; Empire Atlantic / CO. 37.5 millones; DOS Sportwear 37.3 millones; Hormigones Moya 32.4 millones; y Fundación Educativa Oriental 31.5 millones.

Entre las empresas que adeudan a la Tesorería de la Seguridad Social se cuentan decenas del sector zonas francas, numerosas empresas radiofónicas, impresoras, hoteleras, universidades   y de otros ramos.

Llama la atención que la Conferencia del Episcopado Dominicano aparece con 43 cuotas atrasadas para un monto de 9.2 millones de pesos. También el Club Arroyo Hondo con 24 cuotas y adeudando 3.5 millones; y el Club Paraíso, con 48 cuotas y una deuda de 2.6 millones. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña no paga desde marzo del 2004 y acumula una deuda de 75.7 millones de pesos     

Hay otras instituciones relevantes que ni siquiera se han reportado a la Tesorería, ignorando la ley de Seguridad Social, sin haberse constituido en Aseguradoras de Fondos de Pensiones, bajo el alegato de que tienen sus propios programas de retiro.

Tal es el caso del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral. El Banco Central y el Banco de Reservas, que también tienen sus propios planes de retiro, sí se constituyeron en Aseguradoras de Fondos de Pensiones.   

Las estadísticas disponibles indican que sólo 861 mil empleados están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que representaría poco más de la mitad del estimado de un millón 600 mil que deben ser empleados formales de los sectores público y privado.

Se cree que gran parte de los no asegurados son de micro, medianas y pequeñas empresas.  No se logró establecer cuántos están siendo perjudicados por los atrasos.-