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MÉXICO. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) informó este lunes que un nuevo estudio con fotos satelitales descarta que los 43 estudiantes de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, en el sur de México, como lo sostiene la versión oficial.
La fiscalía mexicana, de su lado, anunció por la noche que acordó con el GIEI la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, con la participación de un grupo especialistas de reconocido prestigio internacional, informó la dependencia en un comunicado.
El grupo de expertos independientes de la CIDH, invitados por el gobierno de México para coadyuvar en la investigación, han refutado la versión oficial.
La fiscalía ha dicho que los jóvenes, detenidos en Iguala (Guerrero, sur) por policías y entregados a integrantes del crimen organizado, fueron asesinados e incinerados en un remoto basurero del municipio de Cocula en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Después de haber hecho un peritaje independiente en el basurero sin hallar pruebas de un incendio de esa magnitud, el GIEI solicitó a la fiscalía general registros satelitales de la zona en las horas posteriores a la desaparición de los chicos.
El informe entregado «muestra un solo punto de incendio que no corresponde a las coordenadas de Cocula», dijo en rueda de prensa el abogado Alejandro Valencia, miembro del grupo.
Sumado al registro de lluvia la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en esa zona de Guerrero, para el GIEI, el estudio ratifica las conclusiones de su informe de septiembre que desmontaba la llamada «versión histórica» oficial y pidió que se tome en cuenta para seguir buscando a los jóvenes en otros sitios.
La fiscalía pidió al GIEI no adelantar conclusiones y consideró «indispensable agotar el estudio de todos los elementos» que intervinieron la madrugada del 27 de septiembre en el basurero de Cocula. Calificó como aislada la revisión de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
El GIEI celebró que la semana pasada la fiscalía general abriera una unidad especial de investigación del caso supervisada por el grupo, que trabaja en nuevas líneas de indagación y búsqueda tal y como lo venían solicitando desde hace meses los padres de los jóvenes y diversas ONG internacionales.
Tenemos un «buen acuerdo de trabajo» y estamos trabajando en «prioridades importantes para dar pasos clave (…) incluyendo las cuestiones sobre lugares de búsqueda o sobre los crematorios», sostuvo el español Carlos Beristain.
Los estudiantes fueron atacados por policías de Iguala luego de haber retenido autobuses turísticos para realizar sus protestas y que los entregaron a un cártel del narcotráfico por creer que entre ellos había infiltrados miembros de un grupo rival.
La hipótesis de que uno de los autobuses tomado por los estudiantes estuviera cargado de droga en esa zona clave del narcotráfico mexicano está siendo evaluada por la nueva unidad, dijo Beristain.
Los expertos también denunciaron que siguen sin poder entrevistarse con miembros del Ejército para evaluar su papel la noche del crimen y que la fiscalía tomó declaración a soldados en agosto y septiembre sin que el grupo tuviera conocimiento, pese a sus repetidas solicitudes.
El secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos dijo en octubre pasado a Televisa que los militares solo responderán a autoridades ministeriales mexicanas.
