El año pasado el Gobierno dejó de percibir 201,751.9 millones de pesos, equivalentes al 6.7% del Producto Interno Bruto, por el gasto tributario, es decir, por las exenciones y subsidios otorgados a diversos sectores para financiar determinadas políticas públicas. Los más beneficiados con ello fueron las personas físicas, las zonas francas y la generación eléctrica.

Así lo revela la economista María del Carmen Cassá Calzada, miembro de la División de Estudios Fiscales del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central, quien advierte que que los beneficios que obtienen algunos de los sectores favorecidos por incentivos tributarios no estarían compensando los costos de los mismos.

Al presentar el análisis “Gasto Tributario en República Dominicana”, en la revista de ensayos de economía y finanzas “Oeconomia”, del Banco Central, señala que en algunos casos el gasto tributario puede introducir distorsiones en la recaudación porque aumenta la probabilidad de evasión fiscal.

Asegura que si estos benefician a determinados agentes o sectores por presiones políticas, la implementación de concesiones tributarias puede introducir ineficiencias en el aparato productivo, teniendo un doble costo por ingresos no percibidos y merma de la productividad.

La economista considera que las excenciones deben tener una racionalidad económica justificada, pues están orientadas a corregir fallos de mercado en términos de asignación de recursos o de redistribución.

Otorgados por ley. En el país muchas de las exenciones e incentivos tributarios responden a un criterio legal y algunos están detallados en leyes aprobadas por el Congreso.

“Esto implica que la exención o el incentivo se han constituido en un derecho adquirido, por lo que removerlo puede atentar contra la seguridad jurídica de las inversiones”, argumenta Cassá en el ensayo.

Por ejemplo, señala que los incentivos tributarios que benefician a las empresas del régimen de zona franca, que el 2015 tuvieron exenciones ascendentes a 37,741.4 millones, equivalentes al 18.7% del total del gasto tributario, se rigen por la ley 8-90.

“Las zonas francas gozan de incentivos porque se supone que sus operaciones están orientadas a la exportación. No obstante, algunas de las empresas venden parte de su producción localmente. De hecho, tras la última reforma tributaria, estas empresas están autorizadas a vender hasta el 100% de su producción en el mercado local”, analiza Cassá.

Reformas fiscales. Explica que a pesar de las sucesivas reformas al sistema tributario hechas por el Gobierno con el objetivo de mitigar los desequilibrios entre ingresos y gastos fiscales, lejos de disminuir, el gasto tributario ha aumentado en los últimos años. Las proyecciones de gasto del Gobierno siempre son superadas, “esto parece indicar un uso excesivo de ese instrumento de incentivo en República Dominicana”, sostiene la economista.

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Generadoras

A las empresas generadoras de electricidad, ya sea para consumo propio o para venderlo al sistema energético nacional, se les exime del pago del ISC de hidrocarburos, fundamentalmente con la finalidad de abaratar los costos de producción energética y evitar los incrementos en la tarifa eléctrica, indica el informe. En el 2015 ese sector percibió 22,660.3 millones de pesos del gasto tributario, equivalente al 11.2% del total.