SAN SALVADOR. El expresidente salvadoreño Francisco Flores, de 56 años y procesado por delitos de corrupción, falleció la noche del sábado tras permanecer casi una semana en estado de coma, informaron fuentes de su partido político.

«Lamentamos el fallecimiento del (ex)presidente Francisco Flores, nos solidarizamos con su familia en estos momentos», señaló en su cuenta de Twitter la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido al que pertenecía Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004.

La esposa del exmandatario, Lourdes de Flores, tras confirmar el deceso, dijo que él decidió afrontar el proceso judicial en el que se le acusó de delitos de corrupción «convencido de su inocencia», pero señaló que toda esa situación que calificó como un «ataque político» provocó un deterioro en su salud.

«Sufrió una crisis en su salud, provocada por un injusto ataque político que atropelló sus derechos fundamentales», dijo la esposa del expresidente en una breve declaración a la prensa, en la madrugada de este domingo, en las afueras del centro hospitalario en donde falleció Flores.

De Flores dijo que las exequias del expresidente se efectuarán de «forma humilde» por decisión de la familia. En tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo lamentar «profundamente el fallecimiento» de Flores.

El expresidente permanecía hospitalizado en un sanatorio privado desde el pasado 24 de enero, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, y desde entonces se encontraba en estado de coma en una sala de cuidos intensivos.

El Tribunal Quinto de Sentencia que ventila su caso había ordenado a pedido de la parte querellante que un equipo de especialistas de un hospital estatal constatara la condición de Flores, que el jueves pasado determinó que tenía un «deterioro neurológico irreversible» provocado por un coágulo que le produjo «un edema cerebral severo de la arteria cerebral media izquierda».

El exmandatario afrontaba la justicia acusado de malversar 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato para programas sociales, cuyos fondos no entregó a las arcas del Estado. El tribunal tenía pendiente fijar una fecha para el juicio contra el expresidente.