Washington. Un grupo de senadores demócratas de EE.UU. presentó hoy un proyecto de ley que busca garantizar que los niños inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, tengan acceso a asesoría legal y a un proceso “justo” cuando enfrentan una orden de deportación.

Según sus impulsores, la iniciativa parte de la constatación de que, a menudo, los menores centroamericanos que ingresan solos por la frontera sur de EE.UU., huyendo de la violencia en sus países, y otros “individuos vulnerables” tienen que comparecer ante un juez de inmigración sin acceso a asesoría jurídica.

Por ello, el objetivo del proyecto de ley es exigir al Gobierno federal que designe a un abogado para esos niños y personas vulnerables.

De acuerdo con datos facilitados por los impulsores de la medida, encabezados por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, aproximadamente el 70 % de las familias (mujeres y niños) y el 50 % de los menores no acompañados detenidos en los centros para indocumentados no tienen acceso a asesoría jurídica.

El proyecto de ley persigue, además, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establezca nuevos procedimientos para asegurar que los inmigrantes bajo custodia tengan acceso a programas de orientación legal.

Asimismo, se pide también al DHS que presente informes al Congreso sobre el número de individuos que reciben asesoramiento jurídico y que participan en programas de orientación.

A mediados de 2014 se produjo una crisis migratoria en EE.UU. motivada por la llegada de miles de menores no acompañados a la frontera, en su mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras y que huyen de la violencia y la falta de oportunidades en esos países.

En el último trimestre del año pasado se registró un nuevo aumento en el cruce de menores no acompañados y, en enero pasado, el Gobierno que presidente Barack Obama llevó a cabo una serie de redadas en varios estados dirigidas a acelerar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos.

Políticos demócratas y activistas han criticado con dureza estas deportaciones, mientras insisten en pedir al Gobierno que conceda un Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) a los inmigrantes indocumentados que llegan de El Salvador, Guatemala y Honduras huyendo de la violencia de sus países.

El Gobierno ha defendido las deportaciones con el argumento de que se ajustan a la aplicación de la ley migratoria y están ayudando a disuadir la inmigración ilegal.

En el año fiscal 2015, que concluyó en octubre pasado, las autoridades detuvieron a 39.970 menores sin acompañante en la frontera con México, un 42 % menos que en el mismo período del anterior año fiscal, cuando cruzaron la frontera 68.541 niños, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por otra parte, los senadores Claire McCaskill (demócrata) y Rob Portman (republicano) revelaron a finales de enero los graves abusos que han sufrido algunos menores centroamericanos, a los que el Gobierno puso supuestamente bajo custodia de malhechores que los explotaron laboral y sexualmente.

El Departamento de Salud (HHS) es el brazo del Ejecutivo responsable de buscar una casa de acogida segura para los niños mientras se determina si pueden permanecer en Estados Unidos o deben ser deportados.

En el informe de la investigación, al que tuvo acceso Efe, los senadores afirman que 13 menores han sido víctimas de trata y otros 15 niños podrían haber sufrido abusos, aunque resaltan que es imposible conocer el número total de víctimas porque el HHS “no tiene ninguna manera de seguir estos casos».