Tras la explosión de una distribuidora de gas en un populoso barrio de Santo Domingo, que dejó un muerto y varios heridos, las autoridades dominicanas accedieron a un viejo reclamo para actualizar las regulaciones e impedir que las envasadoras de gas se ubiquen a escasos metros de edificios y viviendas.

“No concibo que haya una envasadora de gas en una zona residencial”, afirmó el jefe de bomberos de la capital, Guillermo García, en referencia a la estación de la compañía Sol Gas que se incendió y registró estallidos la mañana del 16 de febrero.

Los estallidos destruyeron viviendas aledañas, incluido un edificio de apartamentos de tres pisos, y dejaron unos 40 heridos con fracturas y quemaduras de segundo grado, uno de los cuales falleció la madrugada del viernes.

García consideró que las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP), que han proliferado en las últimas décadas debido a la masificación del uso de ese combustible en el transporte, deberían ubicarse de 900 a 1.000 metros de distancia de las zonas residenciales.

De acuerdo con estadísticas del ministerio de Industria y Comercio, que regula el sector, en la capital y municipios vecinos operan 254 distribuidoras de GLP, muchas de ellas dentro de zonas residenciales, cerca de escuelas y de hospitales.

Aunque existe un reglamento de 1972 que establece las medidas de seguridad que deben reunir las gaseras, la distancia estipulada en aquel momento entre una estación y los inmuebles residenciales era de apenas una franja de entre 15 y 30 metros.

Roberto Salcedo, alcalde de la capital, indicó que cuando la estación de gas que explotó se instaló en 1993 cumplió todos los requisitos y había pocas viviendas en esa zona. Fue en los años posteriores que el barrio La Esperanza de Los Ríos, donde ocurrió el incidente, se extendió y se construyeron las viviendas alrededores de la gasera, insistió el funcionario.

Eleno Olivares, propietario del edificio de tres pisos que se derrumbó con la explosión, confirmó a la AP que comenzó a construir el inmueble hace 18 años, cuando ya operaba ahí la estación de gas.

El edificio se ubicaba de forma contigua al terreno de la envasadora. La compañía Sol Gas, que se había abstenido de emitir comentarios a la prensa, publicó hoy un comunicado en varios periódicos en el que afirma que “las causas generales del incidente están siendo investigadas”.

El reglamento de 1972 establece que el permiso de operación debe ser revisado cada cinco años y en caso de que la envasadora de GLP ya no reúna las condiciones de seguridad debe ser reubicada, recordó Waldys Taveras, regidor por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El propio jefe de bomberos insistió en la necesidad de mejorar las regulaciones y que “las envasadoras que estén en los barrios sean cerradas porque las vidas humanas hay que preservarlas”.