Sin que todavía esté muy claro cómo se impedirá que los senadores utilicen el “barrilito” durante el proceso electoral, como dispuso el pleno de la JCE mediante   resolución, el doctor Roberto Rosario anunció que el organismo también extenderá sus controles a los ayuntamientos, a fin de  evitar que sus incumbentes-candidatos utilicen en beneficio propio los fondos  de asistencia social de que disponen. Al hacer el anuncio el presidente de la JCE declaró que solicitará a la  Cámara de Cuentas que se encargue de verificar que la suspensión del “barrilito” se cumpla, y hay que suponer que le pedirá lo  mismo en el caso de    los cabildos, pero está por verse si el organismo fiscalizador quiere asumir  esa responsabilidad, aunque vale aclarar –por si acaso– que “verificar” no es sinónimo de “impedir”.  Hasta el día de ayer, y a pesar de las resistencias  iniciales y las advertencias públicas  de que el Senado es   soberano,  los senadores  parecían estar dispuestos, “en beneficio de la equidad”,  a suspender el “barrilito”, pero esa buena voluntad tiene todavía que  expresarse en votos cuando el pleno de la Cámara Alta se reúna para discutir el tema. Con los ayuntamientos la cosa es mucho mas complicada, y no tanto por su cantidad como por la diversidad de fuerzas políticas que los controlan, lo que hace que regresemos a la inquietud inicial. ¿Está dispuesta la  Cámara de Cuentas a “verificar” si los cabildos acogen la resolución de la JCE que prohibiría la suspensión de  esos fondos? Todavía no sabemos si la doctora  Licelotte Marte de Barrios  se  meterá en ese berenjenal, pero en un país donde los recursos públicos, para beneplácito  de nuestra rapaz clase política, no tienen dolientes, es fácil  adivinar cuál será su respuesta a la petición de la JCE.