El Ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, quiso salirse por la tangente cuando acusó a los miembros del Consejo Ambiental de Constanza, que luchan a brazo partido por evitar que la codicia de unos pocos destruya una área protegida donde se forman los principales ríos del país, de  hacer denuncias sin identificar a los supuestos  transgresores, una forma bastante torpe de eludir su responsabilidad y, sobre todo, de encubrir su falta de coraje (le autorizo, querido lector,  a sustituir la palabra coraje por cualquier otra que considere  mas apropiada) para hacer valer su autoridad. La respuesta del Consejo a la maniobra evasiva de Bautista Rojas  ha sido contundente, recordándole, por si acaso se trató de un olvido, que al primero que contactaron para reportarle dónde se estaban produciendo esas explotaciones ilegales fue, precisamente, al Ministro de Medio Ambiente, a quien no solo le ofrecieron todos los detalles de los lugares donde se produjeron los daños  sino también los nombres de los funcionarios,  empresarios y jerarcas militares de altísimo rango  responsables de esas violaciones. Aunque, pensándolo bien, tal vez sea esa la causa de que el funcionario  no haga lo que tiene que hacer, pues no se siente con fuerza suficiente  para rexigirle a gente  tan influyente y  poderosa que cumpla la ley. La misma historia de siempre, si se fijan bien, pues han sido las poderosas granceras, en alianza perversa con el todopoderoso gobierno, todavía el principal propulsor  de la industria nacional de la construcción, los responsables de la muerte de decenas de ríos, mientras los Ministros de Medio Ambiente miran para otro lado, se amarran la lengua o simplemente esconden el rabito –eso sí, con mucho cuidado– entre las piernas.