El Fiscal Ambiental de Constanza, Fernando Quezada, ha sorprendido a la opinión pública  al pedir que el Estado unifique criterios en torno a ese municipio, donde según el funcionario  desde hace años se vienen violando de manera flagrante  las leyes medio ambientales con el aval de sus propias instituciones, como lo son el Banco Agrícola, la Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Ministerio de Medio Ambiente, que les hace el juego mirando para otro lado o simplemente cruzándose  de brazos. Y como para que no se diga que hace denuncias en el aire o que no puede demostrar, pone un ejemplo constatable y verificable de su afirmación: el Rancho Guaraguao, ubicado en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), que se levantó sin licencia ambiental y donde la estatal Edenorte realizó obras eléctricas recientemente. Pero si ese ejemplo no es suficientemente ilustrativo de la complicidad entre el Estado  y los violadores de sus leyes, ahí está  el  Banco Agrícola, que financió a productores donde se supone que no deben estar, y el IAD, que ha hecho asentamientos  en terrenos que son parte de importantes cuencas hidrográficas. Y todo eso a la vista de quien quiera  verlo, comprobarlo o verificarlo, lo que tiene  sin cuidado a sus perpetradores, socios y patrocinadores, por razones  obvias. Sin querer queriendo, el Fiscal Ambiental de Constanza ha puesto el dedo en la llaga (ojalá no se lo quieran hacer pagar) con su valiente emplazamiento, que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Le interesa al Estado, o mejor dicho a quienes desde el gobierno actúan en su nombre, preservar el área protegida donde nacen nuestros principales  ríos o prefiere ser cómplice y protector de sus depredadores?