El Ministerio de Industria y Comercio acaba de suspender el otorgamiento de nuevos permisos para la instalación de plantas envasadoras de GLP, hasta tanto se  revisen y actualicen los requisitos y protocolos de  seguridad con los que deben operar. Desde luego, esa decisión se toma como consecuencia de los accidentes, tres en apenas 16 días, que afectaron envasadoras del Gran Santo Domingo y Santiago con un saldo  de tres personas muertas y mas de una decena de heridos, poniendo al desnudo, de manera dramática,  el  desorden que ha permitido que se instalen a lo loco y  en cualquier lugar y, sobre todo, el peligro mortal que representan. Tan grande es ese desorden, que la estación de GLP donde se produjo el último accidente, en Alma Rosa II, fue reabierta  tan solo días después sin esperar siquiera la autorización de Industria y Comercio, que a su vez debe recibir un informe  de la Defensa Civil  y del Cuerpo de Bomberos antes de permitir que vuelva a operar. Porque ahí está, precisamente, el  nudo del problema; los propietarios  y operadores  de esos negocios no se sienten obligados a respetar las normas y regulaciones del sector, y ninguna autoridad se ha ocupado de convencerlos de lo contrario.  ¿Quién garantiza que una vez concluida su revisión y actualización se hará  respetar la normativa resultante? Ese es el gran desafío que tienen por delante las autoridades, si es que realmente quieren evitar que la catástrofe que hemos estado cortejando con nuestra indolencia se presente sin avisar cualquier día de estos.