El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, pidió ayer a la justicia “mayor firmeza” en el proceso contra Blas Peralta y evitar “disculpas” para otorgarle libertad condicional como medida de coerción.

Afirmó que el Ministerio Público ha aportado todas las pruebas y los elementos necesarios para que Peralta sea enviado hoy a prisión preventiva, y luego condenado a 30 años por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Mateo Aquino Febrillet.

“Nosotros esperamos que los jueces no hallen una disculpa para otorgarle una libertad condicional y que pueda destruir otras pruebas que pudieran conseguirse para el proceso, como intentó hacerlo minutos después de que cometió el crimen, pretendiendo cambiar el cañón del arma homicida y lanzar al mar los celulares”, dijo.
Prisión, ¡una necesidad! Advirtió que el empresario del transporte y aspirante a diputado por San Cristóbal utilizará todo tipo de subterfugio para evadir el proceso “como lo ha hecho en otras situaciones que incluso dieron señales de la comisión de hechos criminales y delictuales”.

Dijo que es probable que, “como lo hacen en estos casos las personas de mucho dinero”, Peralta alegue problemas de salud u otras fórmulas para incidentar el proceso y evadir las medidas de coerción que le corresponden en un caso como el que se le imputa.

Consideró “que el horrendo crimen que cometió” es una acción que en modo alguno una sociedad organizada puede tolerar, e indicó que por el peligro que reviste su situación “es una necesidad” que sea enviado a prisión ya.

“Esperamos de la judicatura la mayor firmeza; prisión preventiva, y en el momento del conocimiento del juicio, 30 años”, sostuvo en rueda de prensa con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

¿Quién es HD? Según la transcripción de las llamadas, el encargado de seguridad de Peralta, coronel retirado Rafael Herrera, lo pone a hablar con una persona identificada como HD, de cuya identidad y vínculos con el caso el Ministerio Público no ha dado datos.

¡Intolerable! Domínguez Brito refirió que más de 4,000 armas de fuego de la Policía las tienen civiles, y afirmó que contra eso hay que tomar decisiones.

Señaló que la Ley de Armas que cursa en el Congreso se hace cada vez más necesaria, porque no solo “prohíbe que un oficial de policía o funcionario entregue un arma a un civil, sino que lo castiga con una pena; lo convierte en un tipo penal, y si con esa arma se comete un crimen, se le agrava la situación”.

Recordó que el mecanismo para la obtención de un arma, es el Ministerio de Interior y Policía, y reiteró su llamado a los congresistas para que aprueben la ley.

Periodistas protestan. En un hecho inusual, los periodistas que cubren la fuente noticiosa de la Procuraduría fueron objeto de una incómoda requisa por parte de miembros de la Policía, a la entrada de la Sala de Prensa. Esto fue calificado por los comunicadores como una “desconsideración”, y en protesta, esperaron todos de espaldas y con las lentes de las cámaras hacia abajo, al procurador Domínguez Brito, quien afirmó no saber “quién ordenó la disposición”, lo que ningún periodista le creyó.