Parlamento de Ecuador aprueba ley laboral en día de protesta sindical

Ecuador

Quito, – El Parlamento de Ecuador aprobó hoy la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, en un día en que sindicatos opositores, que advierten de  precarización del empleo, han llamado a una protesta contra esa normativa.

La mayoría oficialista del Legislativo ecuatoriano aprobó la nueva ley impulsada por el Gobierno que, entre otras cosas, garantiza un seguro de desempleo, una licencia sin sueldo por nueve meses para madres y padres por maternidad, incentivos para el empleo juvenil y regulación para las pasantías. Asimismo, permite la prolongación y reducción de las jornadas laborales bajo acuerdo mutuo entre trabajadores y empleadores y tras la autorización del Ministerio de Trabajo, en condiciones especiales y por tiempos limitados.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, resaltó la aprobación de la ley y restó importancia a las protestas y críticas de los sindicatos que hoy convocaron a una jornada de movilización en todo el país. “Se aprobó reforma laboral con 85 votos a favor y 32 en contra” en el Parlamento, escribió Correa en su cuenta de Twitter tras rechazar las críticas de varios líderes sindicales que temen que la nueva normativa termine por precarizar las condiciones laborales. “Nadie crea que la ‘movilización’ de hoy es por la reforma laboral. Les aseguro que ni siquiera han leído la ley.

Se trata de lograr por la fuerza lo que no alcanzaron en las urnas. Ese viejo país no volverá. Los volveremos a derrotar”, agregó el mandatario. Asimismo, Correa pidió a sus compatriotas que no olviden a los legisladores que se opusieron a la reforma. “Prohibido olvidar quiénes se opusieron al primer empleo para los jóvenes, licencia de 9 meses para padres, seguro de desempleo, etc. El tiempo nos dará nuevamente la razón, como ya lo hizo con el COIP (Código Orgánico Integral Penal), la reforma judicial, y tantos otros”, añadió en su cuenta en la red social.

De su lado, la Asamblea Nacional, en un comunicado, señaló que la nueva ley laboral incorpora una disposición transitoria que favorece a los ciudadanos que se hayan quedado sin empleo desde inicios de este año hasta antes de la vigencia de la Ley. “Ellos podrán acogerse al seguro de desempleo que será financiado por el Estado”, precisa el escrito.

La ley también brindará mayores “beneficios para los padres y madres de hijos recién nacidos tanto biológicos como adoptados”, pues les permite, de manera voluntaria, acogerse a una licencia por nueve meses sin remuneración y mantener la estabilidad sobre sus empleos. Sobre la jornada reducida o extendida de trabajo, el comunicado de la Asamblea enfatiza que esta modalidad requiere “el consentimiento expreso y por escrito de las partes”, trabajadores y empleadores, y que tendrán limitaciones y un carácter temporal.

La reforma laboral ha sido criticada por sindicatos de oposición, que ven el peligro de precarización del trabajo y aseguran que se carga sobre los trabajadores el peso de la crisis económica que vive el país. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, convocó hoy a una movilización nacional para oponerse a las reformas laborales y promover una alternativa “anticrisis”.

Mesías Tatamuez, uno de los máximos dirigentes del FUT, aseguró recientemente que los sindicatos sugieren que se reduzcan en el 50 por ciento los sueldos de los empleados públicos, incluidos ministros y diputados que ganen más de 3.000 dólares al mes, para fomentar el ahorro y mejorar las finanzas fiscales.

También que la banca rebaje las tasas de interés y que multinacionales, como las telefónicas, que han obtenido ganancias récord en los últimos años, contribuyan con un 10 por ciento adicional para afrontar la crisis. Asimismo, Tatamuez propuso al Gobierno que declare una moratoria de un año al pago de la deuda exterior del país. Según el dirigente sindical, así se repartirá el peso de la crisis entre todos los sectores, a diferencia de la reforma del Gobierno que, según él, carga las dificultades económicas sobre los hombros de los trabajadores.