RÍO DE JANEIRO. El relator de la comisión de impeachment (juidio político) dirá este miércoles si ve motivos para pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El presunto maquillaje se habría efectuado a través de «pedaladas» fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional, sin autorización del Congreso, para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.

De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un «empréstito» concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000. En concreto, Rousseff habría cargado a los bancos en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015, gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales (unos 17.400 millones de dólares al cambio medio de 2014).

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado. Los partidarios del impeachment juzgan que esas prácticas constituyen un «crimen de responsabilidad» por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución, especialmente por violación de la Ley de Finanzas Públicas.

El gobierno alega que se trata de una práctica corriente desde los años 90 y niega que Rousseff haya cometido un «crimen de responsabilidad», que conciernen a actos que atenten contra la Constitución.