El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, advirtió ayer que se debe tener cautela y prudencia con las propuestas privadas de compra de acciones de las plantas de generación de Punta Catalina, porque ese es un importante patrimonio del Estado dominicano.
El funcionario ofreció las declaraciones en el Palacio Nacional, donde expresó que la intención de siete empresas extranjeras de participar en la generación eléctrica junto con el Gobierno es un reconocimiento importante al país.
Sin embargo, destacó que cualquier intención de ser parte del proyecto obviamente debe ser saludada, pero analizada con mucha cautela y prudencia, porque Catalina tiene un costo privilegiado, por lo que cuesta una planta de esa calidad.
“Eso va a generar que haya mucho interés de ser parte de Catalina, pero tenemos que manejarnos con mucha cautela ante una negociación posible con ese proyecto”. Jiménez Bichara reiteró que la prudencia debe ser la postura del Gobierno por todo lo que significa ese proyecto para el país.
A pesar de la advertencia del funcionario, se recuerda que fue el propio Poder Ejecutivo que anunció, al presentar el proyecto de Presupuesto General del Estado, la intención de ofertar al sector privado su participación en las plantas de generación, por un monto de US$1,000 millones.
Esas plantas, que aportarán al sistema 769.8 megavatios, tienen un costo de US$1,945 millones.
Caram. El economista Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central, advirtió ayer que el endeudamiento admitido y encubierto de unos US$3,700 millones contemplado en el proyecto de Presupuesto del 2017 significa un riesgo que ya de por sí es grande para la sostenibilidad financiera.
“Hay un endeudamiento admitido, de unos US$2,700 millones, más una esperanza de que se puedan vender las acciones de la planta energética de Punta Catalina en unos US$1,000 millones que, si se venden, pues, se queda bien, pero si no se venden, vamos a tener que volver a recurrir a más endeudamiento que el que está presupuestado”, dijo.
Fondos de pensiones. Señaló que es un secreto a voces que las autoridades están contando y apuntan más hacia los fondos de pensiones para financiar carreteras que, al ser privadas, se terminará poniendo peajes para su cobro.
Luego de señalar que se apunta además hacia la venta de las acciones de Punta Catalina por unos US$1,000 millones, Caram expresó que esa negociación solo sería factible mediante un contrato con el sector privado sobre compra y venta de energía con los mismos privilegios que hasta ahora han venido teniendo los inversionistas del sector.
Energía seguiría cara. Resaltó que de producirse la venta de esas acciones la energía que se sirve a la población seguiría cara, por lo que el propósito del Gobierno de abaratar el servicio se iría por el suelo.
Consideró que el sector privado va a exigir un contrato de compra en función de precios preestablecidos sobre el valor de los combustibles.
Tras señalar que eso es lo que hasta ahora se ha tenido, Caram explicó que esa situación es lo que ha permitido que la energía sea más cara, aun bajando el precio de los combustibles, como ha ocurrido en los últimos dos años. “Entonces, habría ahí un resultado adverso en cuanto al propósito del Gobierno que se va por el suelo”, subrayó Caram.
Señaló que si esos US$1,000 millones que busca el Gobierno salen de los fondos de pensiones, que tienen dueños que son cotizantes, como en muchas otras naciones, se iría por el suelo la Seguridad Social.
Recordó que la Seguridad Social se le vendió al país como una garantía para cuando los trabajadores llegan a nivel de jubilación y pensión y necesitan ingresos suficientes para pasar bien su vejez. “Nos estamos exponiendo a que eso no suceda si el Estado es el principal utilizador de los fondos privados, que es lo que ha venido sucediendo últimamente”, explicó a Hoy Guillermo Caram.