CARACAS. Un día después de que gobierno y opositores concluyeran un primer intento de diálogo, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió postergar el debate sobre el juicio político al presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional. La decisión busca dar prioridad a las conversaciones para aminorar la crisis política del país.

“En función de dar esa oportunidad que ha pedido El Vaticano, queremos diferir apenas por unos días la agenda de hoy “, dijo el diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora durante la sesión, en alusión a la reunión convocada para el 11 de noviembre entre el gobierno y sus adversarios.

Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron la semana pasada enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueó un proceso de recolección de firmas para activar un referendo para separar del cargo al gobernante. Previamente, como un primer gesto para continuar las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y expresidentes, el gobierno ordenó la liberación de cuatro de los más de un centenar de detenidos, que algunos consideran “presos políticos”.

Entre ellos se encuentra el dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, Carlos Melo, quien fue acusado de poseer explosivos y pese a ser favorecido por una medida de libertad condicional permanecía bajo arresto.

La coalición opositora informó que en los próximos días presentará una serie de exigencias en la mesa de diálogo, entre las que destacan la restitución del voto que se vio afectado por la suspensión del proceso para activar el referendo y el aplazamiento de la elección de gobernadores.

“Queremos decir que hemos puesto puntos sobre la mesa”, indicó Borges, y agregó que a las demandas sumarán la liberación de los presos políticos, la posibilidad de que el congreso recupere las facultades limitadas por el tribunal Supremo (señalado de estar controlado por el oficialismo), y la revisión del cronograma electoral del país de manera completa.

Por último, señaló que pedirán que se adelanten las elecciones presidenciales dado que “el gobierno mató el referendo” y se necesita una alternativa con el diálogo. “En caso contrario, no pondremos de pie de esa mesa de negociación y seguiremos en la lucha para dar la pelea por la libertad de nuestro país.”

El juicio político contra Maduro es meramente simbólico, ya que la instancia legislativa carece de facultad para destituir al presidente, de acuerdo con la constitución. La decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado contra el mandatario y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.

Maduro fue citado el martes a la Asamblea para defenderse de las acusaciones, pero no acudió a la cita. En días anteriores advirtió que ejercería una acción penal contra los legisladores que insistan en proseguir el juicio, al que catalogó de “golpe de Estado”.

Asimismo, en el programa de radio y televisión que se transmite los martes por la tarde (”En contacto con Maduro”), el mandatario celebró que “como resultado de la instalación del proceso de diálogo”, la oposición haya tomado decisiones “sensatas “.

“¿Cuál es nuestra exigencia fundamental en esa mesa? Primero, que hay que dialogar, que hay que abandonar los planes conspirativos, golpistas, y todas las ideas extremistas de cosas que no están en la constitución”, dijo en alusión al juicio político en su contra. Además del aplazamiento del debate para iniciar el juicio se anunció que también se suspendería la convocatoria de una marcha al palacio presidencial el 3 de noviembre.

Las inmediaciones del palacio de gobierno han estado vedadas para los manifestantes opositores por más de una década. El diputado opositor Henry Ramos Allup afirmó que no le temen “al costo político de la decisión”, pero que el Vaticano pidió la suspensión de las protestas para evitar choques y empañar el proceso de diálogo.