En nuestra entrega anterior sobre el mismo tema, dejamos algunas lagunas e interrogantes, que desde el punto de vista económico, merecen ser resaltadas por el incidente calificado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como un sabotaje, no obstante las votaciones estar vigiladas y monitoreadas por observadores internacionales encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA)
Partimos del compromiso que asumieron, tanto la OEA como la Unión Interamericana de Organismos Internacionales Electorales (UNIORE) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), de iniciar la próxima semana la auditoria del voto automatizado utilizado en las fallidas elecciones municipales del domingo 16 de febrero y a tal efecto, solicitó a la Junta Central Electoral (JCE), mantener bajo vigilancia los componentes utilizados en dichas votaciones. Ahora bien, se ha solicitado a la OEA que se mantenga fiscalizando el material que será utilizado en las elecciones complementarias del 15 de marzo. La pregunta obligada es: ¿Quién correrá con estos gastos extraordinarios incurridos por la laxitud de la JCE en la custodia de los equipos, lo cual constituyó un blasón ignominioso para dicho organismo?
Una simple pregunta: ¿tendrán los organismos fiscalizadores el arrojo y la decisión de señalar por sus nombres y la filiación política de los culpables de esta felonía, que le está costando al pueblo dominicano más de un mil seiscientos millones de pesos? A esto habría que agregarle, la disposición fallida de haber tenido la contrariedad de por estar cumpliendo con el deber patriótico, parte del pueblo, se presentó en las casetas de votación automatizada, para ver abortado su esfuerzo de cumplir con su deber cívico.
Es necesario saber, cuál será el costo de estas nuevas elecciones, en las que solo a los partidos políticos se le suministrarán más de mil quinientos millones de pesos para esta inédita campaña.
Aunque también resultan espontáneas las manifestaciones que celebran los miles de jóvenes en la Plaza de la Bandera, el precio de dicha movilizaciones se cuenta por cientos de miles de pesos, lo cual no hubiese acontecido, si las votaciones no abortaren como ocurrió. Además, querer hallar culpable a un coronel escolta del candidato Luis Abinader y un técnico de la telefónica Claro, fue una operación desventurada que solo trajo más indignación en la ciudadanía.
Tenemos la impresión, que los cacerolazos que ocurren día por día a determinada hora de la noche han mantenido en zozobra a las autoridades, al extremo, que han prohibido este accionar en las inmediaciones de la residencia del presidente Medina.
Una acción que consideramos muy favorable y que ha sido motivo de bajar la tensión entre la juventud participante en las actividades en la Plaza de la Bandera, fue el hecho de que agentes de la policía sobre todo de la rama femenina, acudieron con banderas dominicanas y flores, entregándoselas a los manifestantes, muchos de ellos la tomaban incrédulos según se pudo apreciar por la televisión. Hay que resaltar que nunca se había visto una protesta tan masiva, organizada y respetuosa que al final de cada jornada recogían todos los desechos dejando limpia la plaza. Por eso y más resaltamos el éxito de Trabucazo 2020.
Hay politólogos y hasta activistas políticos que consideran que el plazo para las elecciones complementarias es muy corto, lo cual podría traer confusión, sobre todo a aquellos votantes que fueron desplazados de su mesa electoral original.
En cuanto a la responsabilidad de la JCE, no obstante ser amigo de dos de los componentes, creo que cuando termine estas votaciones complementarias, deben renunciar. Lástima que mi amigo y compañero de universidad, el doctor Roberto Saladín, retiró de manera intempestiva, en un arranque de cólera su renuncia; ya que, por su vasta experiencia hubiese sido el candidato idóneo para encabezar la nueva JCE.
La pregunta obligada es: ¿De identificarse los culpables del dislocamiento del sistema electoral, pagarán estos, sea con dinero o con cárcel, el peligroso desmán cometido? De no sancionarse a los culpables, estaríamos estimulando a que se vuelva a cometer, ya que hemos dicho siempre: “quien pronto olvida, invita a la ofensa”. Pero persiste el principio jurídico de “todo el que causa un daño a otro, está obligado a repararlo”.

Termino esta entrega con una nota jocosa. En páginas enteras de los periódicos se ven juntos la doctora Margarita Cedeño de Fernández y el licenciado Gonzalo Castillo. La diferencia ahora es, que Gonzalo aparece con lentes, al parecer los creadores de imágenes le indujeron a su uso, alegando que eso ante el público votante, le eleva el nivel intelectual. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!