El Patronato Nacional Penitenciario afirmó ayer que los imputados en el caso Odebrecht recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, deben estar rodeados de todas las medidas que garanticen su seguridad, integridad física y dignidad humana, pero sin privilegios.

Informó que tras una reunión para analizar los últimos acontecimientos relacionados con la realidad penitenciaria actual del país, decidió expresar sus inquietudes a las autoridades y a la opinión pública mediante un documento.

Con relación a los ocho prevenidos, dijo que la permanencia de éstos allí “debe ceñirse estrictamente a la ley y por tanto, estar apartados de cualquier tipo de privilegios”.

Asimismo, expresó que es deber de la Procuraduría General de la República garantizar la continuidad del Nuevo Modelo Penitenciario, una de cuyas bases fundamentales es la igualdad de condiciones para todos los internos, y avanzar en la eliminación de todas las cárceles tradicionales que aún existen.

“Confiamos en el cumplimiento del compromiso contraído por el Gobierno frente a este patronato para edificar los recintos necesarios para albergar a los 9 mil internos que hoy pueblan la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en la vía de continuar y concluir la reforma penitenciaria, principal logro de nuestro país en materia de derechos humanos, reconocido como un referente mundial por la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general”.

Los imputados en el caso Odebrecht contra quienes el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega dictó prisión preventiva como medida de coerción, son Temístocles Montás, Andrés Bautista, César Sánchez, Ruddy González, Máximo D ´Oleo Ramírez, Conrado Pittaluga Arzeno, Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa.

El Patronato Nacional Penitenciario fue creado para dar apoyo a la reforma penitenciaria del país y es presidido por el cardenal Nicolás López Rodríguez.