La directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Laura Hernández Román, dijo ayer que llama a preocupación que hasta junio de este año hayan conocido 71 casos de 30 años de reclusión mayor, lo que implica que la cantidad de personas que han sido condenadas a una pena tan drástica es mucho mayor.
Señaló que estas condenas pueden ser el resultado de que el Estado no ha cumplido con su rol de proteger los derechos de las personas; o que los ciudadanos no han correspondido a lo que la sociedad le ha dado.
La reclusión por tanto tiempo, indicó, no sirve para reintegrar a los condenados a la sociedad, dada la condición tan deplorable de las cárceles y la escasez o ausencia de programas de educación, talleres, deportes o recreación, lo que los convierte en muertos moral y socialmente.
“Nadie le va a dar un empleo, ni siquiera puede obtener un certificado de buena conducta para optar por el mismo”, lamentó.
Además, dijo que “nos preocupan las medidas de coerción de prisión preventiva que con mucha frecuencia se imponen, de manera desproporcionada”.
Hernández Román se habló en estos términos durante el discurso que pronunció en la inauguración de una nueva oficina de la Defensa Pública en la provincia de San José de Ocoa. Con esta son 27 las oficinas que tiene la entidad en el país.