Yamira Taveras 
SANTIAGO.- La crisis en torno a las deudas millonarias pendientes entre el cabildo y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) se agravó ayer después que el alcalde Abel Martínez dispusiera el cierre de las oficinas de la empresa que están ubicadas en terrenos del ayuntamiento y secuestró tres vehículos de Coraasan.
La medida afecta la oficina que funciona en el primer nivel de la alcaldía, que data de más de 30 años, y las de la urbanización Alta Vista, Bella Vista, la planta de tratamiento de Rafey y las guarderías de los tanques de agua en Villa Rosa y el ensanche Espaillat.
Héctor Ramírez, vocero de la alcaldía, dijo en rueda de prensa que representa a la institución en el Consejo de Coraasan, donde ha tratado de que la situación se regularice de mil maneras sin lograrlo.
“Hay un peligro real que ha sido provocado por Coraasan reteniendo el dinero que los munícipes pagan por la recogida de basura”.
Recordó que el cabildo tuvo que presentar una querella penal contra la entidad, acusándola de desfalco por más de RD$100 millones.
“Si en los próximos días se produjera un crisis en la recogida de basura y por consiguiente si esto trajera enfermedades a la población, los males que acarrean los desperdicios sólidos acumulados y las epidemias el responsable será Coraasan ”, agregó.
Reacción. El director de Coraasan, Silvio Durán, dijo que la situación está en manos de abogados y que es arbitrario lo que hace el cabildo cerrando las oficinas.
Aseguró que la alcaldía les debe RD$200 millones y que la deuda real de Coraasan es “solo de RD$57 millones”. Agregó que está abierto al diálogo.
