La calamidad proporcionada por los fenómenos atmosféricos en curso le brindan al gobierno la oportunidad para rescatar la credibilidad inspiradora de la confianza ciudadana requerida para motorizar el accionar hacia la superación de los efectos coyunturales causados por dichos fenómenos; en gran medida consecuencias de negligencias y omisiones en el tratamiento de problemas nacionales.
Tal es el caso de los problemas ambientales, calidad del gasto público, control en uso del suelo y viviendas levantadas, cumplimiento de procedimientos de contratación, efectividad del accionar gubernamental en contraposición al predominante criterio mediático.
Actitudes y actuaciones de las autoridades durante el trayecto del huracán Irma deben ser superadas para restablecer la credibilidad gubernamental: funcionarios no directamente involucrados en las operaciones de emergencia pretendieron aprovecharse de ellas para montar espectáculos mediáticos; pérdida de objetividad y equilibrio en las informaciones exaltando las malas vs silenciando las buenas; predominio del criterio alarmista vs. tranquilizador, decisiones tardías y desconectadas con el curso del huracán, atención desproporcionada de autoridades, recomendaciones absurdas, etc.
Por estas razones, en las redes sociales, que jugaron un papel importante durante el trayecto huracanado, primó la sensación que el accionar de las autoridades estaba dirigido a crear un ambiente de pánico que justificara el emprendimiento de operativos y declaraciones de emergencia para eximir la aplicación de procedimientos de contrataciones establecidos en las leyes.
Y que muchos de los operativos insinuados son consecuencia de negligencias previas de autoridades, como el caso de la basura acumulada que para evitar su agravamiento se recomendó no sacarla.
Los efectos del huracán deben llevar tanto a la corrección de daños como a prevenir su repetición: encarando seriamente la acumulación de basura que al ser arrastrada por inundaciones bloquea desagües, almacenando aguas; abandonar negligencias compensándolos con operativos; dejar de doblegarse ante empresas contratadas aparentemente en clima de connivencia y complicidad; encarar deforestación, no sembrando arbolitos sino evitando cortes, para regular ciclo hidrogeológico, evitando arrastre y sedimentaciones de suelos; mejorando la calidad de las obras para evitar su deleznabilidad, imponer ordenamiento territorial que evite ubicaciones inadecuadas y controle construcciones privadas, incluyendo vallas publicitarias; etc.
Todo ello requiere una actitud gubernamental de adoptar decisiones con buen juicio e implementarlas mediante los procedimientos de contratación establecidos en las leyes, cuidando no establecer asociaciones de connivencia y complicidad entre empresas y funcionarios dentro del proceso de negociación.
Si así lo hiciera para reconstruir lo destruido y prevenir destrucciones ante nuevos eventos, el gobierno restablecería su credibilidad y generaría confianza ciudadana que sería aprovechable para encarar no solo efectos de fenómenos atmosféricos, sino también los grandes desafíos socio-económicos, morales e institucionales que están corroyendo nuestra nacionalidad.