Odalis Mejía 
La guerra continúa”, expresó Lucas Guzmán, abogado de la empresa Lajún, luego del fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que traspasó provisionalmente la administración del vertedero Duquesa a una comisión integrada por los ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública y el cabildo de Santo Domingo Norte.
La medida cautelar fue adoptada por el juez presidente del TSA, Rafael Vásquez Goico hasta tanto se decida el fondo de la petición de nulidad del contrato de manejo de desechos entre Santo Domingo Norte y Lajún, apoyado por los referidos ministerios, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y otras entidades.
En su sentencia 0030-2017 el tribunal establece que pudo comprobar que la administración de Lajun ha afectado los derechos colectivos relativos al medio ambiente y a la salud de los habitantes del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo que depositan basura en Duquesa, al impedir la entrada regular de los camiones al depósito, así como el mal manejo de las aguas residuales del vertedero (lixiviados)
“En efecto, se trata de una transgresión grave a los derechos fundamentales a la salud y medio ambiente de un número grandísimo de personas (millones de ellas), lo cual supera, sin duda alguna, los intereses patrimoniales de la empresa Lajún Corporation”, expresa la sentencia de 72 páginas.
El tribunal pudo comprobar que la acumulación de basura en las calles se debe a que la empresa ha impedido la entrada regular de los camiones que acuden al depósito, así como la carencia de sistemas de drenajes a lo interno del vertedero, lo cual fue verificado mediante supervisiones notarizadas el 11 de abril y el día 3 de agosto.
Refiere además que la acumulación de basura en las calles causa un sin número de enfermedades, muchas de las cuales son tan graves que no solo podrían considerarse como un atentado contra la salud, sino también como una agresión a la vida de los dominicanos y extranjeros que viven en el país.
Asimismo recoge las declaratoria de emergencia ambiental emitida por los ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente debido a la crisis.
Es por tanto que el juez advierte el peligro de la demora, ante el interés general y público relacionado a la recogida efectiva de la basura.
La guerra. “La guerra continúa, esta es simplemente una parte de la guerra”, expresó Guzmán ante la decisión. Indicó que el fallo no no era su expectativa, ya que sus debates fueron técnicos con relación a lo que plantea las leyes ambiental y sobre municipalidad.
Cuestionado si el fallo afecta el clima de inversión, expresó que es “evidente cuando hay una inversión importante desde 2014 y se produce una expropiación indirecta como lo que se está haciendo, eso trae consecuencias”.
No adelantó si recurrirán el fallo.
Triunfo. En tanto el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito y el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, dijeron que iniciarán en lo inmediato la toma de posesión del vertedero para asegurar el servicio sanitario a 3.5 millones de habitantes.
“Iniciaremos en lo inmediato a tomar control total del vertedero; aseguramos que el servicio se mantendrá mientras buscamos una solución definitiva al manejo de los residuos sólidos porque no podemos seguir en la era primitiva con este tema”, expresó Domínguez Brito.
