El Estado dominicano fundamenta la composición del presupuesto general, en la integración de recursos provenientes de las recaudaciones, donaciones, participación del Estado en el ámbito empresarial y del financiamiento público. Claro está, la parte de recaudaciones a través de los impuestos representa el mayor componente de esa pieza de desarrollo que conocemos como presupuesto.
Ahora bien, cuando analizamos la complejidad del cuadro impositivo dominicano nos damos cuenta de la existencia de un altísimo nivel de injusticia tributaria que padecemos los dominicanos, esto debido a que importantes sectores de la población se ven obligados al pago de una serie de impuestos que su propia naturaleza los definen como injustos. Tal es el caso del molesto impuesto del anticipo a las ganancias, el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el pago por concepto de la recepción de herencia, entre otros.
En la medida que el Estado dominicano logre aumentar su participación en el ámbito empresarial, y de esta manera obtener mayores dividendos o utilidades por este concepto, en esa misma medida podría disponer de recursos, que a su vez vendrían a sustituir en el presupuesto general del Estado el peso específico que ocupan hoy impuestos tan molestosos como los anteriormente expuestos.
Contrario lo anterior, nos encontramos con un sistema que promueve de manera acelerada el cobro de impuestos a sus ciudadanos los cuales ante la indefensión, no tienen otra alternativa que no sea corresponder al llamado que hace la autoridad por sus distintas vías institucionales. El Estado debe procurar incansablemente sustituir cargas fiscales, que por antonomasia son todas molestosas y en cambio explorar posibilidades que le reporten beneficios en el plano empresarial.

El propósito del Estado no es cobrar en impuestos, sino más bien entregarle a sus ciudadanos bienes y servicios que le garanticen su bienestar integral y para ello, claro está, se necesitan recursos que no necesariamente tengan como origen los bolsillos del ciudadano.