A estas alturas, y después de todo lo que hemos visto y oído, no hay que hacer mucho esfuerzo para convencer  a cualquiera de la desfachatez que norma el comportamiento  de nuestra corrompida –con las excepciones que todos conocemos– clase política, por lo que no sorprende ni asombra que a nuestros políticos ya no les importe  andar sin refajo, a riesgo de enseñar sus partes  mas innobles,  ni que los señalen públicamente como ladrones, probablemente convencidos de que las fortunas acumuladas en el ejercicio de tan dura y sacrificada profesión hacen mas llevadero el escarnio. Pero no todos estamos dispuestos a celebrarles sus gracias, o a premiar con la tolerancia o la indiferencia culposa sus desmanes, simplemente porque no podemos ponérselo  tan fácil. ¿Por qué permitirles que delante de nuestras propias narices se pasen por el forro la Constitución de la República con el único propósito de seguir desangrando el Presupuesto Nacional? Eso es, precisamente, lo que acaba de hacer el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago, que en la sesión celebrada el pasado miércoles le pidió al alcalde  que ejecute la resolución que en junio pasado, en plena transición, aumentó  los salarios de esos esforzados servidores públicos de 100 mil a  130 mil pesos mensuales. El rechazo público y la indignación que provocó en Santiago  ese palo acechao  obligó al saliente  alcalde  Gilberto  Serulle, a quien al parecer le quedaba algo de prigilio político,  a abstenerse de ejecutarla. Y como antes y ahora sigue violando  el principio constitucional   de que ningún funcionario puede legislar en su propio beneficio, hay que esperar que el alcalde Abel Martínez no se haga cómplice, y mucho menos beneficiario (la resolución casi duplica su salario),  de esa desfachatez inaceptable.