Brasilia. – Paradójicamente, la intempestiva orden de arresto contra el expresidente brasileño Lula da Silva fue recibida con gran cautela por los dirigentes de partidos conservadores, férreos opositores del líder sindicalista, en su mayoría también investigados por corrupción.

El silencio y la moderación reverberaron fuerte, especialmente considerando que la detención de Lula, histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), para cumplir una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, eliminaría al favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre. El presidente Michel Temer guardó silencio.

El mandatario conservador se convirtió el año pasado en el primer presidente de la historia de Brasil en ser denunciado por delitos comunes durante su gestión.

Ambas acusaciones fueron frenadas por la Cámara de Diputados, pero lo esperan una vez que termine su mandato. Es que el vasto escándalo de corrupción conocido como la Operación Lava Jato no solo tiene al borde de la cárcel a Lula, sino también en la mira a Temer y a los principales dirigentes de su partido, el MDB.

«Están perplejos» «La Operación Lava Jato fue mucho más lejos de lo que los políticos de los principales partidos, los grandes líderes del Congreso y hasta el propio ¡presidente Michel¿ Temer creían.

En sus cálculos, nunca iría tan lejos. Están perplejos», dijo a la AFP Sylvio Costa, editor del portal especializado Congreso em Foco. «Si Lula, con toda su popularidad y primero en las encuestas para este año, va preso, ¿qué me pasará a mí?», añadió, poniéndose en lugar de los políticos investigados.

Según el sitio que dirige Costa, casi el 40% de los diputados y senadores federales están actualmente bajo la lupa de la justicia por delitos mayormente ligados a desvíos de dinero público o por recibir fondos por debajo de la mesa. Desglosado, más del 50% de los 81 senadores y más de un tercio de los 513 diputados tienen cuentas que rendir en los tribunales.

Violencia. El arresto de una figura de gran popularidad como Lula -condenado por aceptar un apartamento de una constructora involucrada en los sobornos de Petrobras- se da en el marco de un creciente clima de violencia, que tuvo uno de sus puntos más álgidos cuando una caravana proselitista que realizaba el mes pasado por el sur del país fue alcanzada por disparos.

Y nadie quiere alimentar ese ambiente. Hasta Bolsonaro, un exmilitar que ganó popularidad al calor de la crisis que en 2016 derribó al gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, optó por un mensaje de campaña.

«Brasil marcó un gol contra la impunidad y contra la corrupción, pero es apenas un gol. El enemigo aún no está eliminado (…) Hay que elegir este año a un presidente, sea hombre o mujer, que sea honesto, tenga a Dios en el corazón y que sea patriota», dijo, lejos de la agresividad habitual de sus críticas.

El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, uno de los aspirantes a cohesionar a las múltiples fuerzas de centro-derecha en las presidenciales, escribió en su cuenta de Twitter: «Es lamentable que le decreten la prisión a un expresidente, pero tengo la convicción de que eso simboliza un cambio importante en Brasil, el fin de la impunidad».

«La ley vale para todos», añadió el precandidato del PSDB, fuerza a la que pertenece también del excandidato presidencial Aecio Neves, que también está la mira de los fiscales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también precandidato presidencial -en este caso, por el derechista DEM- y también salpicado por señalamientos de Lava Jato, consideró que «nadie que tenga una responsabilidad pública, en cualquier país, puede celebrar la orden de prisión de un exmandatario».

Los festejos más altisonantes estuvieron de hecho en las redes sociales de organizaciones civiles que apoyaron en 2016 el impeachment de Rousseff, sucesora y protegida de Lula.