Las dos juezas destituidas la pasada semana por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), y también las dos suspendidas durante un mes, habrían favorecido con decisiones a narcotraficantes y a homicidas, supuestamente a cambio de altas sumas de dinero, según destaca la investigación realizada por la Inspectoría General del Poder Judicial.

A las magistradas Enilda Olivares Bonifacio, Josefina Díaz Marte, y Antonia Rosario Ventura, del tribunal colegiado de San Francisco de Macorís; y a Claudia Canaán Díaz, del Juzgado de la instrucción de Santiago Rodríguez, se les vincula, indistintamente, con los casos de Winston Anderson Vélez Gutiérrez (El Chacal); los supuestos narcotraficantes Pascual Antonio Núñez Rodríguez, y José Antonio Espinal, este último sindicado como el jefe del grupo más peligroso de la región Noroeste del país.
En el caso de Vélez Gutiérrez, acusado de la muerte de Cecilio Fermín Domínguez (Cijo), en septiembre del año 2014, éste fue declarado no culpable por las juezas del tribunal colegiado, no obstante haber admitido durante el juicio en su contra, que disparó “una ráfaga”, apuntando directamente a la hoy víctima.
Vélez Gutiérrez fue dejado en libertad en marzo del 2017, mediante la sentencia número 136-031-2017.
Como prueba de las supuestas faltas éticas atribuidas a la magistrada Olivares Bonifacio durante el ejercicio de sus funciones, se presentó un depósito bancario de RD$2 millones en la cuenta de la hija menor de la magistrada, sin que ésta pudiera justificar con exactitud el origen de esos ingresos.
“La cuenta fue aperturada el 25 de septiembre del año 2015, y en mayo del año 2016, se depositó una suma considerable de Dos Millones de Pesos Dominicanos (RD$2,000,000.00), dice el expediente.

También certificaciones de los ministerios de Lavado de Activos y de Hacienda; y de la Superintendencia de Bancos, de los productos financieros, bienes muebles e inmuebles y participación societaria, que figuran registradas a nombres de ellas y sus dos compañeras del tribunal colegiado.
En cuanto a la jueza de Instrucción de Santiago Rodríguez, Canaán Díaz, se le atribuye actuar a favor de Núñez Rodríguez, acusado de traficar 5 gramos de cocaína; no declarar cantidades de dinero que ella manejaba desde su casa, entre otras irregularidades.
En su defensa, la magistrada dijo que no tiene bienes ni dinero, y que a ella quienes la mantienen son sus hijos, pues con el dinero que cobra como jueza, está pagando el préstamo bancario de una persona a la cual le sirvió como garante, dejó de cumplir y está ilocalizable.