El superintendente de Seguridad Privada, general Amílcar Fernández, dijo ayer que el 63% de las empresas de seguridad privadas son informales, con lo que cometen así irregularidades que incluyen el no tributarle al Estado.
“Una seguridad privada sin regulación y normativas no da espacio al crecimiento de la industria que en otros países, como Colombia, aporta un 2% al PIB”.
Al participar junto al ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, en la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado que estudia el proyecto de ley de Seguridad Privada, el general explicó que hay que regularizar este sector para que haga bien su trabajo, pero que también le aporte al Estado.

“Buscamos que sea un complemento de la seguridad pública, que le aporte a la seguridad ciudadana y le genere dividendos y mejore las condiciones a los que ejercen esta función”, sostuvo el general, quien dijo que los agentes de seguridad privada informales no tienen seguridad social.
Senador. De su lado, el presidente de la Comisión, el senador Adriano Sánchez Roa, dijo que la seguridad privada es un complemento fundamental de la seguridad ciudadana, por tanto hay que corregir la informalidad de ese sector, el cual está contratando a extranjeros ilegales, personas que no están debidamente entrenados o que sobrepasan la edad.
El legislador señaló que hay que fortalecer el marco legal, para así lograr un mayor control en la seguridad ciudadana.