Integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) reclamaron ayer al procurador general Jean Alain Rodríguez, la destitución de tres funcionarios del Ministerio Público en San Francisco de Macorís, y el esclarecimiento de más de 37 muertes ocurridas en la capital de la provincia Duarte.
El grupo fue esperado en la explanada frontal de la institución, por un contingente de más de 50 miembros de la Policía que, preparados con armas largas y bombas lacrimógenas, mantuvieron a raya a los manifestantes.
Los funcionarios cuya destitución exige el grupo de izquierda son el procurador de la Corte de Apelación, Reggis Victorino Reyes; el procurador fiscal de Bonao, Joel Antonio López, y la procuradora de la Corte de Apelación de Montecristi, Sonia Espejo.
En una comunicación dirigida al procurador general, Jean Alain Rodríguez, y que se permitió a una comisión del Falpo depositar en la secretaría general de la institución, se acusa al magistrado Reyes, de no accionar ni reaccionar ante la criminalidad que se registra en SFM, donde los manifestantes aseguraron, hay alrededor de 37 muertes impunes.
Citaron los casos de Vladimir Antigua Balderas y Augusto Vargas, cuyas muertes atribuyen a miembros de la Policía.
Indicaron que en la muerte de Vladimir, ocurrida el 20 de marzo del 2017 durante una protesta en SFM, ahora sale un informe diciendo que no fueron policías quienes lo asesinaron, a pesar de que en las redes sociales hay vídeos donde se ve el Policía que le disparó provocando su muerte.
Del magistrado López dicen que ha actuado de espaldas a las familias de Radhamés Félix Félix, también abatido a tiros alegadamente por un comando de la Policía; y de la impunidad en el caso de la muerte de la joven Thalía Rosario.
“El fiscal de San Francisco de Macorís es un sello gomígrafo, y lejos de presentar a los culpables, dice que no fue la Policía”, dijo Luis Antigua, del equipo de vocería del Falpo.
Respecto a la magistrada Espejo, piden que esta pague por los daños causados con su accionar a la sociedad de SFM, y se quejaron porque en lugar de ser destituida por sus malos actos, haya sido ascendida y trasladada.
A Espejo se le atribuyen falta de investigación en los casos penales, pérdida de cuerpo de delito por parte de particulares, así como señalamientos de distraer cargamentos de ajo decomisados, entre otras acusaciones, mientras ejercía en Mao.
En noviembre pasado la Inspectoría de la Procuraduría la investigó, pero nunca dio a conocer los resultados de esas indagatorias.
En una información dada a conocer el 3 de este mes, la procuraduría general informó del ascenso de la magistrada Espejo a Procuradora General de Corte, y su traslado de manera interina a la Procuraduría Regional de Montecristi, dispuesto por el Consejo Superior del Ministerio Público.
“El ascenso y traslado de la corrupta magistrada Sonia Espejo, no soluciona su accionar ni le resuelve a la sociedad los daños causados por sus actos; al contrario, se le premia y su radio de acción es más amplio”, afirmaron los quejosos.