Los periodistas Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara solicitaron ayer al procurador general, Jean Rodríguez, incluir dentro de las investigaciones del caso Odebrecht a las empresas locales consorciadas para la ejecución de 16 obras por cuya concesión se habrían pagado US$92 millones en sobornos.
En una instancia depositada en la secretaría general de la institución, los dos comunicadores, cuyas cuentas bancarias son investigadas con relación al caso, dicen que su pedimento se enmarca dentro de las facultades que como ciudadanos les reconoce la Constitución en su artículo 75, numeral 12.
Indican que informaciones disponibles dan cuenta de que en el período comprendido entre 2001 y 2014, se ejecutaron dieciséis obras de infraestructura, sin incluir su participación en Punta Catalina, con una inversión estimada en US$6,000 millones, e indican que de ese monto, “las empresas locales consorciadas administraron y manejaron el 35%, es decir, más de US$2,100 millones.
En su instancia, Martínez Pozo ni Alcántara dan a conocer los nombres de las empresas consorciadas.
Sí le recuerdan al procurador general que en el marco de las preindicadas investigaciones respecto a los ejecutivos de Odebrecht, la Procuraduría arribó a un arreglo procesal con los ejecutivos de la empresa brasileña, la cual se comprometió a resarcir al Estado los daños materiales y morales causados por tales hechos, e identificar a los funcionarios públicos que supuestamente recibieron las coimas denunciadas.

Agregan que Odebrecht y sus ejecutivos además se comprometieron a identificar a las personas físicas y morales que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos.
“De esto se colige que la investigación en curso debe alcanzar a todas las sociedades comerciales que mantuvieron operaciones de negocios, relacionados con la adjudicación y/o ejecución de dichas obras, con la entidad presuntamente responsable de tan cuestionable conducta”, dicen los firmantes de la instancia.
Resaltan que, fundamentados en las informaciones bien acreditadas con que ellos cuentan, recabadas en su doble condición de periodistas y representantes de medios de información, “hasta esta fecha la Procuraduría no ha encaminado las investigaciones que está obligada a desplegar en torno a las sociedades comerciales y sus ejecutivos que operaban como consorciados de la empresa Odebrecht, en las distintas etapas de las obras ejecutadas en el referido período”.
Afirman que como ciudadanos preocupados por el curso que lleva la investigación, esperan que en este aspecto la misma esté despojada de cualquier tipo de sesgo, exclusión, selectividad o condicionamiento, y basada en la objetividad.
Además, “porque conforme a la normativa procesal penal vigente, la etapa preparatoria del proceso a que se contrae nuestra solicitud debe concluir dentro del plazo de cuatro meses de prórroga que le otorgó el Juez Especial de la Instrucción apoderado, plazo este que está apunto de agotarse”, puntualizan.