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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió hoy medidas regionales para atender la situación de miles de venezolanos que han tenido que emigrar por la crisis política y económica que sacude a su país.
«Hay una situación bastante dramática de migración de venezolanos por toda la región», sostuvo Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la CIDH, durante una audiencia en Santo Domingo sobre la situación de los migrantes venezolanos.
Vargas llamó la atención de forma especial sobre las mujeres venezolanas que «están siendo objeto de la trata, sobre todo para la explotación sexual». La sesión, que forma parte del periodo de audiencias de la CIDH, se realizó una semana después de que las autoridades dominicanas rescataran a 21 mujeres venezolanas, incluidas menores de edad, que eran explotadas sexualmente en un bar del oriente del país cerca del complejo turístico de Punta Cana.
Se trata del tercer grupo de mujeres venezolanas que son rescatadas de las redes de prostitución en República Dominicana en los últimos dos años, cuando miles de migrantes venezolanos llegaron al país caribeño en busca de trabajo.
Venezolanos toman fotos a los requisitos dispuesto por las autoridades para salir del país.
Durante la audiencia diversas organizaciones de derechos humanos narraron situaciones de violencia que han enfrentado los migrantes venezolanos en Brasil, de explotación laboral en Ecuador por carecer de permisos migratorios y dificultades burocráticas para regularizar su situación en Bolivia y República Dominicana.
Ana María Rodríguez, una migrante venezolana, relató que debido a las trabas burocráticas de su país para expedir documentos de identidad los migrantes no pueden obtener permisos de residencia en República Dominicana por lo que no acceden a un trabajo formal y a servicios de salud adecuados.
Rodríguez aseguró que algunos documentos de identidad que les exigen las autoridades dominicanas deben ser tramitados en Venezuela, donde pueden tardar hasta un año en ser expedidos.
Los migrantes «están perdiendo la posibilidad de regularizarse cuando tienen que esperar hasta 26 meses» para renovar un pasaporte, aseguró Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Las organizaciones de la sociedad civil aseguraron que, pese a que las Naciones Unidas hizo un llamado a los Estados de la región a acoger a los migrantes venezolanos, los países aún ponen diversas trabas burocráticas para que puedan insertase en la sociedad.
La organización Diáspora Dominicana aprovechó la presencia de los comisionados de la CIDH para entregarles un documento en el que pidieron apoyo para lograr que el gobierno dominicano flexibilice los trámites para la obtención de residencias o permisos temporales de trabajo.
William Coss, miembro del grupo, dijo a The Associated Press que su organización presentó en diciembre una propuesta al Poder Ejecutivo dominicano para que miles de venezolanos puedan acceder a la residencia sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta.
La CIDH también cuestionó en una audiencia previa al gobierno venezolano por la falta de garantías para la libertad de expresión y las constantes denuncias de persecución de activistas de derechos humanos y opositores al gobierno.
Edison Lanza, relator de la CIDH para la libertad de expresión, sostuvo que los medios de comunicación en Venezuela «están en libertad condicional» ya que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene el monopolio sobre el papel periódico y la asignación de frecuencias radioeléctricas a los medios de comunicación es irregular.
Según Lanza, en Venezuela «en general hay un patrón de persecución contra el que piensa distinto», que incluye tanto a periodistas como activistas de derechos humanos, mientras que la recién aprobada ley contra el odio, que tipifica las expresiones que incitan a la violencia, tiene características «típicas de regímenes autoritarios».
«En Venezuela no hay defensores de los derechos humanos asesinados», refutó el representante del gobierno venezolano Larry Davoe. El funcionario aseguró que, en cambio, las muestras de odio hacia los seguidores del oficialismo dejaron en 2017 unas 40 víctimas, entre ellas seis muertos.
Grupos de derechos humanos insistieron en otra audiencia en que persisten las violaciones del derecho por parte de los militares. Carlos Patiño, del grupo Provea, detalló que en 2017 más de 750 civiles fueron procesados de forma irregular por la justicia militar. Pero Edgar Rojas, presidente de la Corte Marcial, aseguró que en la justicia militar los jueces gozan de autonomía y se garantizan los derechos humanos y el debido proceso.
