El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible por falta de objetivo la solicitud de medida cautelar para que sea detenida la construcción de una torre de 121 apartamentos en Juan Dolio.
La demanda fue interpuesta por Angelo Carmelo Viro y Rosario Mañón contra el Ministerio de Turismo y la empresa Dives Inversiones Inmobiliarias.
Los demandantes, quienes tienen una propiedad contigua a la construcción, alegaban que con el levantamiento de la torre Le Parc Beach Front Juan Dolio se violan las normativas sobre uso de espacio público, de densidad habitacional permitida, se irrespetan los linderos y se usarían materiales de construcción no aptos para la zona playera.
Sin embargo, el TSA determinó que el “impetrante ha formulado alegatos relativos a violación de linderos e impacto nocivo al medio ambiente que no son verificaciones que tiene que acometer el Ministerio de Turismo, que es el que dicta el único acto atacado, sino que son responsabilidades del ayuntamiento en cuestión y el Ministerio de Medio Ambiente”.
Los demandantes buscaban que suspendiera el certificado de no objeción número DPP-0724-16 emitido por el Ministerio de Turismo el 31 de agosto del 2016 y que se detuviera la obra hasta tanto sea decidido un recurso contencioso depositado en enero 2018.
No obstante, el tribunal consideró que ese pedido devino en inexistente ante la emisión del certificado de uso de suelo número DPP-0085-17 de marzo del 2017 del Ministerio de Turismo, siendo esta la certificación en la que se ampara la licencia de construcción número 00234 de noviembre del 2017 emitida por el Ministerio de Obras Públicas y “que advierte esta presidencia, sería el acto administrativo que cuya suspensión en sus efectos podría repercutir en la detención de la construcción del proyecto turístico en cuestión”.