El magistrado Francisco Ortega volvió a ser designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SJC) juez especial para continuar el proceso contra los siete imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht, algunos de los cuales depositaron ayer las pruebas documentales con las que se proponen desmontar las acusaciones que les hace el Ministerio Público.
El auto con la designación de Ortega es el número 11-2018, y aunque fue emitido por el presidente de la SCJ, Mariano Germán, el 11 de este mes, fue ayer a las 3:00 de la tarde, cuando fue notificado al Ministerio Público.
Trascendió que la tardanza en notificar la designación del magistrado Ortega, quien ha estado al frente del proceso, obedeció a que este no quería volver a asumir esa responsabilidad en la audiencia preliminar, en la que habrá de decidirse si los encartados en el caso Odebrecht, van o no a juicio de fondo.
¿Se adelantan? Aunque no habían sido notificados de la designación del juez, cuatro de los siete acusado por el Ministerio Público de supuestamente beneficiarse con los US$92 millones de sobornos pagados por el consorcio brasileño en el período 2001-2014, a cambio de 17 contratos de obras que ejecutó en el país, depositaron sus réplicas en la secretaría general de la alta corte.
Fueron ellos, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, quienes estuvieron representados por sus abogados.
Pedirá anulación. Luis Minier, abogado de Rondón, llevó su escrito de reparo de más de 200 páginas, con copias para el tribunal, el procurador general Jean Rodríguez, y los demás coimputados en el proceso, en nueve contenedores plásticos.
Informó que además de las pruebas documentales llamarán como testigos de descargo a un total de 106 personas, todo para desvirtuar la acusación que le hace el procurador general a su cliente.
“A todo el que ha tenido que ver con los 16 contratos que hay en la acusación; es decir, todos los senadores que participaron en la comisión de finanzas, todos los supervisores de obras, todos los consorciados, los consultores jurídicos que han participado en la redacción de esos contratos; todos los diputados de la comisión de finanzas, los consultores del Poder Ejecutivo, la Dirección de Presupuesto, el Tesorero Nacional, ministro de Hacienda; los administradores del Banco de Reservas, etcétera, tiene que venir a explicar si nuestro cliente alguna vez le ofreció alguna dádiva o alguna vez ellos aceptaron soborno”, dijo Minier.
Quiere “No ha Lugar”. La defensa de Díaz Rúa, representada por Miguel Valerio, depositó 170 documentos con más de 1,500 páginas cada uno, con los cuales se propone demostrar la inocencia del exministro de Obras Públicas.
Adelantó que demostrarán con pruebas fehacientes que compañías a través de las cuales el Ministerio Público dice que Díaz Rúa movilizó dinero, no existen; que el yate que tasó en en US$5 millones costó US$700,000; y que las obras contratadas con su yerno Leonardo Font Bernard, fueron construidas, e incluso hay entre 70 u 80 demandas en los tribunales de trabajadores que sufrieron daños y perjuicios durante los trabajos, además de que son del período 2014-2015 cuando ya Díaz Rúa no estaba en Obras Públicas.
“Nos hemos mantenido analizando la acusación durante cinco días, y le prometemos a la opinión pública que cuando llegue la hora del juicio todos nos vamos a divertir, porque nosotros vamos a demostrar, papel contra papel, prueba contra prueba, la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa”, concluyó Valerio.
Acusación “natimuerta”. Carlos Salcedo, abogado de Bautista, dijo que sustentado en las 258 pruebas que depositó, entre las cuales hay 233 documentales, 20 testimoniales, 3 ilustrativas y 2 CD, solicitará al juez rechazar la acusación del Ministerio Público por falta de fundamento de la misma, y un auto de “no ha lugar” porque contra su cliente no pesa ningún hecho de naturaleza penal que pudiera llevarlo a una condena.