El Gobierno ha logrado hasta ahora desactivar los paros de los transportistas que han anunciado protestas para  exigir la rebaja de los precios  de los combustibles; primero fueron  los de carga, agrupados en el belicoso Fenatrado,  y luego la Central Nacional de  Organizaciones del Transporte (Conatra), la más grande del país, a cuyo presidente, el empresario Antonio Marte,  funcionarios lograron convencer de que  pospusiera  la paralización  de más de ochenta mil autobuses que operan en las 32 provincias hasta el próximo martes,   para que haya oportunidad de “hablar  con el Presidente”. ¿A qué costo se neutralizará la amenaza que representan  esos paros para la sagrada paz social y su quisquillosa  suegra, Doña Gobernabilidad? La pregunta es oportuna y pertinente porque, como  saben mis lectores y también los que no me leen, sea lo que sea lo que  se  les  conceda a los transportistas no saldrá de los bolsillos de los funcionarios con los que están  negociando  sino de los bolsillos de  los nobles y sufridos contribuyentes, que siempre terminamos  pagando los platos que rompen  los políticos  en sus parrandas y francachelas, de las que solo nos toca la resaca y, desde luego,  también la deuda. Solo Juan  Hubieres, el Comandante Rebelde, se ha resistido a hacer el consabido viaje al Palacio Nacional  o a permitir que sus obsequiosos emisarios  vayan a su casa con alguna “propuesta imposible de rechazar”. El presidente de Fenatrano se niega a participar en   un diálogo–negociación que, por no estar el Gobierno  dispuesto  a sacrificar un solo centavo de los cuantiosos  recursos que recibe  de la venta de los combustibles gracias a una Ley de Hidrocarburos  que aplica con total  discrecionalidad y ninguna transparencia, solo deja un camino, y una pregunta en el aire: ¿cuánto nos costará?