– Los militantes del Falpo sometidos a la justicia por lanzar heces fecales a la Suprema Corte, en protesta contra una justicia que –afirman– no actúa contra los corruptos, calificaron como un triunfo la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito  Nacional de rechazar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, que tendrá que conformarse (algo es algo) con los tres días que pasaron presos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que no es precisamente un resort. Si en verdad ha sido un triunfo que, después de tanto alboroto, el juez Juan Francisco Rodríguez dispusiera  su libertad pura y simple, entonces debe haber alguien que salió derrotado con esa decisión, que en este caso no puede ser otro que el Ministerio Público. Aunque el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, opina que en realidad le fue peor, pues terminó haciendo el ridículo ya que hasta un estudiante de Derecho de primer año sabe que ahí no se produjo ningún crimen. Y lo mismo pensó el juez, quien calificó la acción de “vergonzosa y bochornosa”, pero los dejó libres y sueltos y dispuso que se presenten periódicamente  y realicen trabajo comunitario. No parece el mejor desenlace ni  el castigo apropiado  para una acción que lastimó tantas sensibilidades, sobre todo olfativas, razón por la cual las expectativas de que se sancionara ejemplarmente a sus perpetradores  eran muy altas. Es evidente que el Ministerio  Público se olvidó del Derecho y se dejó arrastrar por esas expectativas, y que actuó movido por el deseo de satisfacerlas, de complacer al “pueblo”. El tiro, jurídicamente hablando,  le salió por la culata, y de paso ya sabemos  que arrojarle mierda a la Suprema Corte, o a cualquier otro edificio público, no es ningún  crimen.